Legal
Comisión aprueba dictamen para nueva ley general para el sector cafetalero
La Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa aprobó emitir dictamen favorable a la «Ley especial para la comercialización, registro y protección de la propiedad del café». Esta normativa busca regular de manera integral la producción, transformación y comercialización del café, un producto vital para la economía salvadoreña.
Todos los actores de la cadena cafetalera, desde productores y beneficiadores hasta intermediarios, torrefactores y exportadores, estarán obligados a registrarse en el Instituto Salvadoreño del Café (ISC).
Se establece la obligación de entregar informes periódicos al ISC sobre la producción, transformación y comercialización del café. Esta información permitirá al Instituto contar con datos actualizados y precisos sobre el sector, facilitando la toma de decisiones estratégicas y la elaboración de políticas públicas eficientes.
La ley exige la suscripción de contratos para la compra y venta de café, exceptuando a los pequeños productores. Esta formalización permitirá mejorar las relaciones comerciales entre los actores de la cadena, asegurando mayor transparencia y mejores condiciones para los productores.
El ISC tendrá la potestad de determinar el costo del canon nacional de transformación por quintal de café, así como establecer precios de referencia de transformación por quintal de café procesado para las diferentes calidades. Estas medidas buscan asegurar un precio justo para el café salvadoreño en el mercado internacional, protegiendo a los productores y promoviendo la competitividad del sector.
Se agregó la publicación de una tabla de costos por año cafetalero para la determinación de los precios de referencia de transformación, aumentando la transparencia del proceso.
Así también, se eliminó la obligación de presentar informes en agosto de cada año para los pequeños pergamineros, simplificando las obligaciones para este grupo. Y se incrementaron los montos de las multas por faltas leves, graves y muy graves, reforzando el cumplimiento de la normativa y promoviendo la responsabilidad de los actores.
Se establece un régimen de amnistía para aquellos que no hayan cumplido con la obligación de rendir informes durante el periodo 2014-2024, brindando una oportunidad para la regularización y el cumplimiento futuro.