Comienza estudio para aumentar penas por delitos contra el patrimonio

La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa ha iniciado el estudio de una propuesta para reformar el Código Penal, con el objetivo de aumentar las penas por delitos relacionados con el patrimonio.

Para analizar la propuesta, los parlamentarios invitaron al Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, quien subrayó que los hurtos y estafas han estado presentes constantemente y que las reformas buscan regular estos delitos de manera efectiva. “El ladrón y el estafador encuentran poca resistencia actualmente debido a las penas suaves,” afirmó Delgado.

Aunque reconoció que aún existe incidencia de estos delitos, destacó una reducción sostenida del 20% anual en el hurto patrimonial desde la implementación del Plan Control Territorial.

Entre las reformas propuestas se incluyen: Aumento de penas por hurto: Las personas que se apoderen ilícitamente de una cosa mueble ajena serán sancionadas con prisión de seis a ocho años si el valor de la cosa hurtada es mayor de doscientos colones.

Actualmente, este delito se castiga con prisión de dos a cinco años. Sanciones por hurto en servicios públicos: Aquellos que cometan hurto en instalaciones o infraestructura de un servicio público, así como hurto de objetos de valor histórico, cultural, científico o religioso, enfrentarán penas de hasta diez años de prisión. Robo agravado: Será castigado con una condena de 20 a 30 años si involucra a funcionarios, empleados públicos, agentes de autoridad, autoridades públicas o servidores públicos. Estafa: El delito de estafa se castigará con prisión de cinco a ocho años, incluyendo casos relacionados con tarjetas de crédito o débito y otros instrumentos de pago.

La pena aumentará a ocho a quince años si la defraudación supera los $10,000 o afecta a diez o más personas. Documentación de mercancías: Aquellos que transporten mercancías sin la debida documentación que acredite su legítima propiedad serán sancionados con prisión de seis a diez años.

El Fiscal General afirmó que estas reformas son esenciales para proteger a los comerciantes minoristas, consumidores finales, emprendedores y dueños de tiendas, reduciendo así la oferta de productos robados en el mercado.