Comienza distribución de expedientes del extinto Juzgado Noveno de Instrucción

Esta semana comenzó la distribución de los expedientes del Juzgado Noveno de Instrucción, ahora Juzgado Quinto de Vigilancia Penitenciaria, en los otros ocho juzgados de Instrucción de San Salvador, según información oficial son más de 50,000 expedientes, entre los que hay casos finalizados y activos.

Desde el 15 de abril el Juzgado Noveno de Instrucción se convirtió en el Juzgado Quinto de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena. Según la información brindada, son 600 expedientes activos, cada Juzgado de Instrucción recibirá 75 procesos.

El Juzgado Quinto de Vigilancia Penitenciaria recibirá expedientes de los 19 municipios del departamento de San Salvador  durante seis meses para que los otros cuatro juzgados de vigilancia penitenciaria de San Salvador puedan depurar y ponerse al día con la mora judicial que arrastran desde hace años.

Entre los casos que se conocían dentro del Juzgado Noveno estaba el caso El Chaparral que pasó al Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador. Por otra parte, el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador, recibió el caso denominado “Corrupción Fase III” donde el comunicador Jorge Hernández se criterió y declaró en contra de los demás acusados.

El Pleno Legislativo autorizó reformas a la Ley Orgánica Judicial, la cual conlleva a la supresión del Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador, y la creación del Juzgado Quinto de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador, mismo que conocerá de la vigilancia penitenciaria de las bartolinas y sedes policiales del departamento de San Salvador, con el objeto de incrementar la capacidad de respuesta de esta jurisdicción.

Según se consigna en el respectivo decreto, la reforma responde a “la sobre carga de trabajo de la mayoría de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena en el departamento de San Salvador”, por lo que era necesario adoptar  medidas para incrementar  la capacidad de respuesta y contribuya a mejorar la calidad del servicio de la administración de justicia para los usuarios.