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Comienza discusión para la creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción

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La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa acordó citar al presidente del Centro Nacional de Registros (CNR), Camilo Trigueros, para discutir el proyecto de ley que busca crear la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT).

Esta nueva entidad estará encargada de autorizar lotificaciones y permisos de construcción para proyectos de 250 metros cuadrados o más, mientras que los proyectos menores serán gestionados por las municipalidades correspondientes.

El presidente de la comisión, Salvador Chacón, subrayó la necesidad de que el CNR explique el funcionamiento de la nueva institución, propuesta que fue introducida por el gobierno central a través del ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, Juan Carlos Bidegain.

La reunión con Trigueros está programada para el próximo 12 de agosto a las 10:00 a.m. Chacón enfatizó que se busca optimizar los procesos y que Trigueros deberá detallar cómo se implementará la DOT y sus beneficios para la ciudadanía.

Según el ministro Bidegain, la nueva ley pretende actualizar el modelo de otorgamiento de permisos de construcción y lotificaciones, con el objetivo de reducir los tiempos de trámite. La DOT tendrá su sede en San Salvador, con la posibilidad de abrir sucursales y agencias en todo el territorio nacional.

Entre las atribuciones de la DOT se incluyen: autorizar lotificaciones y permisos de construcción; dictar políticas nacionales de ordenamiento territorial; obtener préstamos, emitir bonos y adquirir bienes y servicios; crear fondos de actividades especiales bajo autorización del Ministerio de Hacienda; proponer tasas por sus servicios; brindar y recibir cooperación; celebrar contratos y convenios; y seleccionar proyectos del «banco de proyectos» para su ejecución. Además, la DOT podrá realizar cualquier acto necesario para el cumplimiento de sus objetivos.

La creación de la DOT también implicará la derogación de la Ley Especial de Agilización de Trámites para el Fomento de Proyectos de Construcción, estableciendo una reforma integral que centralizará en esta nueva entidad competencias que actualmente están dispersas entre varias instituciones.

Esto incluye la consideración de aspectos medioambientales, culturales y de seguridad, buscando crear un sistema de administración y autorización de permisos más eficiente y modernizado.

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