Comienza análisis para ampliar plazo de vigencia de escuchas telefónicas

Ayer, el Fiscal General de la República se apersonó ante la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para presentar el informe anual sobre el uso que la Fiscalía ha dado a la  Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones, en concepto de escuchas telefónicas.

El informe contiene detalles sobre el uso de las escuchas ´por el Centro de Intervención, resultados obtenidos y obstáculos enfrentados durante un año, así como recomendaciones legislativas, administrativas o de otra índole que sean necesarias para mejorar las escuchas telefónicas.

Según el presidente de la comisión, diputado Mario Tenorio (GANA), el objetivo de la reunión era obtener detalles sobre el uso de la facultad para intervenir las telecomunicaciones durante el año 2018, tomando como base el artículo 48 de la normativa en mención.

“Para darle cumplimiento a la ley, en la reunión que hemos tenido lo que hemos dado es el informe sobre el uso de la Ley de Escuchas a las Telecomunicaciones, es un informe anual que se le brinda a la comisión, sobre el uso de la herramienta y estamos trabajando en un pliego de reformas para ser presentada”, manifestó Melara.

Durante el desarrollo de la sesión, Raúl Melara comentó que está preparando un pliego de reformas para presentarlo a la Asamblea, aunque no profundizó en las reformas que solicitaría.

Sin embargo, Antonio Almendáriz, jefe de fracción del PCN, comentó que una de las reformas a analizar es ampliar el plazo de seis meses que actualmente establece la normativa para presentar una grabación de escuchas telefónicas como prueba en un proceso judicial.

Aunque la ley autoriza a los jueces prorrogar hasta tres veces y por un periodo de tres meses la utilización de la escucha telefónica como prueba de un delito, Almendáriz comentó que a veces los plazos de juzgamiento duran más de dos años.

“El proceso judicial muchas veces dura dos años y si la prueba solo puede estar un año y a los seis meses después de no ser usada tiene que destruirse de oficio, no acompañaría el proceso debido”, explicó Almendáriz.