Citan en la Asamblea Legislativa a candidatos a fiscal general

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa estableció cita para las entrevistas de los d aspirantes al cargo de fiscal general de la República para el período 2025-2028. Esta selección se da en un contexto donde el actual fiscal general, Rodolfo Delgado, busca su reelección, mientras que el abogado Gonzalo Ayala se presenta como su competidor.
El proceso de elección de fiscal general comenzó con la convocatoria pública emitida por la Asamblea Legislativa, la cual estableció un plazo para que los interesados presentaran sus hojas de vida y cumplieran con los requisitos establecidos en la Constitución y el reglamento interno del Órgano Legislativo.
Desde el 9 de octubre hasta el 5 de noviembre, los aspirantes tuvieron tiempo para postularse.
Delgado ocupa el cargo de fiscal general desde el 1 de mayo de 2021, tras la destitución de Raúl Melara. Completó el periodo restante de Melara y fue reelecto en diciembre de 2021 para un mandato de tres años (2021-2024). Ahora, busca continuar en el puesto por un nuevo período de tres años.
Por su parte, Gonzalo Ayala, un abogado con experiencia en el ámbito judicial, también ha sido un actor político en el país. En 2019, solicitó la cancelación de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Además de su candidatura a fiscal general, Ayala también ha aspirado en otras ocasiones a ocupar la presidencia de la Corte de Cuentas.
El presidente de la Asamblea Legislativa y de la Comisión Política, Ernesto Castro, fue quien propuso que las entrevistas se lleven a cabo el lunes 16 de diciembre, a partir de las 2:00 de la tarde, comenzando con Gonzalo Ayala y continuando con Rodolfo Delgado a las 2:50 de la tarde.
La propuesta fue aprobada sin objeciones por los miembros de la comisión.
El nombramiento del nuevo fiscal general debe realizarse antes del 5 de enero de 2025, fecha en la que concluirá el mandato de Delgado. Esta elección será crucial, ya que el fiscal general tiene un papel fundamental en la administración de justicia y en la lucha contra la corrupción en El Salvador.