CIDH solicita la construcción de una política de reparación integral para victimas del conflicto armado

El pasado mes de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe preliminar tras su visita in loco al país del 2 al 4 de diciembre de 2019, el informe incluye 43 recomendaciones sobre la situación de la seguridad ciudadana; la situación de personas privadas de libertad; memoria, verdad, justicia y acceso a la justicia; y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).

Durante su visita, la CIDH realizó visitas a la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca, el Centro de Detención Izalco Fase I, el Centro de Inserción Social de Tonacatepeque, el Centro de Detención Menor de Mujeres de Izalco y la Bartolina de Sonsonate. Además, visitó albergues para mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia, albergues y espacios de acogida y hospitalidad mantenidos por organizaciones de la sociedad civil y realizó un recorrido por una comunidad fronteriza afectada por los distintos fenómenos de la movilidad y el desplazamiento forzado.

En lo relacionado con la memoria histórica, la CIDH se trasladó a la comunidad Las Anonas y recibió testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas del conflicto armado quienes manifestaron la importancia de sentirse escuchadas. Así también recibió un informe por parte del Gobierno manifestando  la creación de espacios de coordinación interinstitucional y la implementación y planificación de medidas para reparar a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos del Caso de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños.

Por otra parte, la CIDH felicitó la declaratoria de inconstitucional de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993 por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y reconoció dicha decisión como un paso en la lucha contra la impunidad por los crímenes del pasado.

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Asimismo, la CIDH saluda que, a partir de la creación de Unidad especializada en los delitos cometidos en el marco del conflicto armado por la Fiscalía General de la República, se hayan abierto y reabierto más de 180 casos referentes a ese periodo. En ese sentido, la creación de juzgados especializados podría ser una estrategia para impulsar la investigación, juzgamiento y, en su caso, sanción a los eventuales responsables por tales violaciones.

Durante la visita in loco, la Sala de lo Constitucional de la CSJ comunicó a la CIDH que se prorrogó por tercera vez el plazo para que la Asamblea Legislativa apruebe un anteproyecto de Ley de Reconciliación Nacional. La CIDH reforzó la importancia de que la iniciativa legal cumpla con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado salvadoreño en temas de justicia transicional y considere las voces de las víctimas.

Asimismo, la CIDH valora que la Presidencia de la Asamblea Legislativa haya reconocido la deuda por parte del Estado en la materia y se haya comprometido a desarrollar dicho anteproyecto a partir del acompañamiento de la Comisión Interamericana, la Organización de las Naciones Unidas y expertos de reconocida trayectoria en derechos humanos.

Por otro lado, la CIDH observa que la Comisión Interinstitucional con participación del Estado y la sociedad civil para localizar archivos, que fuera anunciada por el Estado meses atrás, aún no ha sido instalada. Del mismo modo, la CIDH llama la atención respecto a los archivos de la Comisión de la Verdad que funcionó en la Secretaría General de Naciones Unidas, que las víctimas han solicitado su apertura, y tampoco habrían sido entregados para fines judiciales a El Salvador. Según información recibida, la falta de acceso se relacionaría con aspectos financieros y la necesidad de sistematizar esos archivos, desafíos que la CIDH confía que pueden ser atendidos y superados.

En efecto, la CIDH llama al Estado de El Salvador a dar pasos urgentes y decisivos para ordenar, sistematizar y poner a disposición toda la documentación – operacional, administrativa, financiera, sanitaria, de relaciones públicas y cualquier otra naturaleza -, así como poner a disposición de las víctimas, las autoridades judiciales y de la sociedad en su conjunto – en este último caso, con el tratamiento de la protección de aspectos sensibles.

En relación con las personas víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado, la CIDH toma nota que la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado Interno (CNB) ha resuelto 95 casos de los 265 casos investigados en los 8 años de su actuación, con la activa participación del Equipo Argentino de Antropología Forense, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) y el Instituto de Medicina Legal. Tras un año desde el inicio de sus actividades, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el contexto del Conflicto Armado (CONABÚSQUEDA) ha publicado un Plan Nacional de búsqueda de personas adultas y realizado su primera exhumación con apoyo técnico de la FAFG.

En adición, la Comisión recuerda que, en el Caso de las Hermanas Serrano Cruz, el Estado salvadoreño ha sido ordenado a crear un sistema de información genética que permita obtener y conservar datos genéticos que coadyuven a la determinación y esclarecimiento de la filiación de las niñas y niños desaparecidos y sus familiares y su identificación.

De igual manera, la Comisión Interamericana destaca la importancia de elaborar una ley que regule las exhumaciones realizadas en el marco de las investigaciones sobre las desapariciones forzadas, así como los derechos de los familiares relativos a la ausencia de las personas desaparecidas. También, la CIDH urge que el Estado ratifique la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad.

A la luz de las observaciones preliminares de la CIDH llama al Estado de El Salvador a implementar las siguientes recomendaciones iniciales:

1. Crear espacios de escucha de las víctimas del conflicto armado interno que les permitan expresar sus necesidades con respecto a las distintas prestaciones estatales en materia de verdad, memoria, justicia y reparación a las graves violaciones de derechos humanos.
2. Avanzar en la investigación y persecución penal de los delitos que consisten en graves violaciones a los derechos humanos perpetrados durante el conflicto armado interno.
3. Desarrollar un marco normativo e institucional que garantan una política de reparación integral a las víctimas del conflicto armado.
4. Aprobar una Ley de Reconciliación Nacional acorde a los estándares interamericanos sobre justicia transicional, en particular con respecto a la responsabilización de los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos y participación de las víctimas.
5. Ordenar, sistematizar y poner a disposición de las víctimas, las autoridades judiciales y de la sociedad en su conjunto – en este último caso, con el tratamiento de la protección de aspectos sensibles – toda la documentación de las fuerzas de seguridad que actuaron durante el conflicto armado interno, reconstruyendo los archivos que hayan sido destruidos o los documentos que no se produjeron cuando legalmente debían producirse.
6. Ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad.
7. Aprobar una ley nacional de búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada y una ley que regule la creación de banco genético, tomando las medidas necesarias para concretizar su creación; desarrollar propuestas legislativas que regulen procesos de exhumación, así como una ley que regule los derechos de los familiares relacionados a la ausencia de las víctimas desaparecidas.
8. Dotar la CNB y CONABÚSQUEDA con los recursos humanos, económicos, logísticos, científicos y de otra índole necesarios para que puedan investigar y determinar el paradero de las personas desaparecidas en el marco del conflicto armado.