CIDH presenta recomendaciones luego de visita in loco del 2019

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta su informe «Situación de Derechos Humanos en El Salvador», a partir de una vasta información recibida durante a la visita in loco realizada del 2 al 4 de diciembre de 2019, luego de 32 años de la última observación en el terreno en el país.

En este informe, que estaba inicialmente previsto para el 2020 pero que por razones de pandemia se reagendó para el 2021, la CIDH presenta un diagnóstico integral hasta el 31 de diciembre de 2020, con recomendaciones al Estado basadas en sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y de conformidad con los estándares interamericanos, que buscan contribuir con sus acciones para protegerlos y garantizarlos.

En cuanto a seguridad ciudadana, se reconocen los esfuerzos desplegados desde el cambio de gobierno en junio de 2019, en particular la reducción drástica de la tasa de homicidios a niveles históricos, incluso desde que se firmaron los Acuerdos de paz en 1992; y resalta la importancia de tomar medidas para la reconstrucción del tejido social como parte del Plan de Control Territorial establecido por el Gobierno actual. 

La CIDH considera fundamental garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación integral para las víctimas del conflicto armado, y llama al Estado a fortalecer la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos en esa época, también garantizando el acceso a los archivos que contengan información relevante para la investigación de los hechos. 

En ese mismo sentido, apunta la urgencia de que el Estado realice todos los esfuerzos en la búsqueda de personas desaparecidas; y recomienda el desarrollo e implementación de un marco normativo que regule la política nacional de búsqueda y la ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.

En relación con los derechos de las mujeres, CIDH observa que El Salvador sigue siendo el país con mayor número de asesinatos de mujeres en la región. Ante ello, el Estado debe fortalecer el sistema de protección a mujeres y niñas víctimas de violencia, incluyendo la creación de un Fondo Especial de Reparación a Mujeres Víctimas de violencia feminicida.

Aunado a ello, la CIDH recomienda la adopción de un plan integral para que las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans y de género diverso e intersex puedan vivir libres de violencia y de discriminación; el reconocimiento de derechos de las personas LGBTI es fundamental para alcanzar la igualdad, dignidad y no discriminación, así como para combatir la violencia a la que están sometidas. 

Frente a las condiciones deplorables de detención y altos niveles de hacinamiento de las personas privadas de libertad verificadas en la visita, la CIDH recomienda al Estado dotar a los centros penales de recursos humanos y financieros, así como establecer una política criminal que utilice la privación de libertad como medida de último recurso, con medidas alternativas y garantías mínimas a todas las personas privadas de libertad, así como la implementación de programas para la reinserción en centros de seguridad y máxima seguridad.

Asimismo, como consecuencia de las medidas extraordinarias de seguridad, las personas privadas de libertad permanecen en aislamiento del mundo exterior, particularmente preocupantes en el contexto de la pandemia; en el informe se recomienda garantizar la realización de visitas de una manera regular en los centros penales.

Respecto de las cárceles de máxima seguridad, el aislamiento se utilizaría en contraposición a los estándares internacionales en materia de privación de libertad por lo que se reitera el llamado al Estado salvadoreño para alcanzar un equilibrio entre las medidas de seguridad impuestas y las deficiencias presupuestarias observadas en los centros de detención con el fin de garantizar los recursos humanos, servicios médicos suficientes, infraestructura y mayor cantidad de custodios necesarias para cumplir con los estándares interamericanos en la materia.

El informe también documenta la hostilidad e intimidación a periodistas y personas defensoras de derechos humanos por parte de actores gubernamentales, tales como denuncias de organizaciones y medios de comunicación sobre restricciones en el acceso a la información pública. 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.