CIDH presenta ante Corte IDH caso de El Salvador por desaparición forzada

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió el 14 de mayo de 2022 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, Mauricio Cuéllar Cuéllar y Julia Orbelina Pérez, respecto de El Salvador por la desaparición forzada de las tres víctimas y la falta de investigación pronta, seria e imparcial.

Patricia Emilie Cuéllar fue colaboradora de movimientos cristianos y trabajó para la Oficina del Socorro Jurídico Cristiano entre 1979- 1980. Luego de haber denunciado actos de hostigamiento y persecución en su contra fue extraída violentamente de su vivienda y desapareció, con su padre, Mauricio Cuéllar y Julia Orbelina Pérez, quien trabajaba en el servicio doméstico de la casa.

La CIDH consideró que los hechos constituyeron desaparición forzada, dada la participación del Estado en la detención de las víctimas, el contexto de desapariciones forzadas durante el conflicto armado en El Salvador, y la situación de persecución que sufrían las personas vinculadas a la Organización Socorro Jurídico Cristiano, así como la falta de respuesta e investigación del Estado.

Se estableció que las acciones para realizar la búsqueda inmediata de las víctimas fueron mínimas. Finalizado el conflicto armado, el Estado tampoco realizó investigación alguna para esclarecer los hechos y determinar si hubo actuación del Estado. Esta situación constituyó una fuente de sufrimiento y angustia para los familiares de las víctimas, e impactó en particular a hijas e hijos de las dos víctimas mujeres.

La CIDH también destacó que el Estado tenía el deber de investigar de forma rápida, seria e imparcial y con enfoque de género, dado el impacto diferenciado y la situación de vulnerabilidad y riesgo que enfrentan las mujeres en el conflicto armado.

Con base en dichas determinaciones, la Comisión concluyó que el Estado salvadoreño es responsable por la violación de los derechos a la personalidad jurídica, vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial establecidos en los artículos 3, 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones establecidas en su artículo 1.1, en perjuicio de Patricia Emilie Cuellar Sandoval, Mauricio Cuéllar Cuéllar y Julia Orbelina Pérez.

En su Informe de Fondo la Comisión recomendó al Estado:

1. Medidas de reparación materiales e inmateriales para los familiares de las víctimas.
2. Iniciar la búsqueda de las víctimas en concertación con sus familiares, activando los mecanismos de búsqueda de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado en El Salvador.
3. Disponer medidas de atención en salud física y mental para los familiares de forma concertada, teniendo en cuenta el especial impacto que tuvo la desaparición en los hijos e hijas de las víctimas.
4. Investigar los hechos de desaparición forzada de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable, con aplicación de perspectiva de género y teniendo en cuenta la persecución del Estado contra la organización Socorro Jurídico Cristiano en el conflicto armado, con el fin de identificar las personas responsables e imponer las sanciones correspondientes,
5. Adoptar medidas de no repetición, incluyendo aquellas de carácter legislativo con el fin de (i) desarrollar una política de reparación integral a las víctimas del conflicto armado, (ii) regular la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada (iii) convertirse en parte de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.