CIDH convoca audiencia pública el próximo 4 de marzo del 2021 por el caso El Mozote

La organización Tutela Legal María Julia Hernández, representantes de las víctimas, informó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el Estado salvadoreño debe acudir a una audiencia pública el próximo 4 de marzo de 2021, para supervisar el cumplimiento de la sentencia publicada en 2012 en el marco del proceso “El Mozote”.

La CIDH pide al Estado “iniciar, impulsar, reabrir, dirigir, continuar y concluir las investigaciones de todos los derechos que originaron las violaciones declaradas en la presente sentencia, con el propósito de identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos de las masacres de El Mozote y lugares aledaños”. Pero desde entonces la sentencia ha sido ignorada por los expresidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén y por el actual presidente Nayib Bukele, considera la organización.

Además de la representación gubernamental, la Corte Interamericana de Derechos Humanos convocó a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), para que rinda un informe oral en lo que respecta a la normativa procesal penal que está siendo aplicada en el proceso penal en trámite.

“Si bien nuestros argumentos no sirvieron para justificar una medida provisional, sí sirvieron para que se revisara la sentencia de 2012. La Corte señala para el día 4 de marzo de 2021 una audiencia de revisión de cumplimiento de sentencia, audiencia a la que el Estado está obligado a acudir y responder de la manera más eficaz”, señalo Ovidio Bonilla, director de Tutela Legal María Julia Hernández.

Wilfredo Medrano, abogado querellante en el caso El Mozote, dijo que esto era un claro mensaje para el gobierno de turno: “la Corte le dice al estado salvadoreño que no se puede liberar de las obligaciones a las que está sometido. Se rompió el estado de derecho al quebrantar dos órdenes judiciales más la orden internacional de la Corte IDH”

Bonilla hizo además una fuerte acusación al actual gobierno, que según el ha demostrado estar aliado con la Fuerza Armada. “Con ello queda claro que el estado salvadoreño no está cumpliendo con la sentencia de la Corte IDH y que aún sin amnistía está encubriendo a los hechores de crímenes de guerra”.