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CIDH aboga por reformas fiscales progresivas ante crisis climática
La CIDH destaca la necesidad de una Convención Marco y la movilización de recursos adicionales para enfrentar desafíos climáticos.
En un contexto global afectado por la intensificación de la crisis climática, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha subrayado la importancia de implementar políticas fiscales progresivas que garanticen los derechos humanos. REDESCA ha respaldado la declaración reciente de los ministros de finanzas del G20, que aboga por reformas fiscales progresivas y la movilización de recursos adicionales para enfrentar la emergencia climática y alcanzar los objetivos de la Agenda 2030.
En paralelo, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha comenzado a desarrollar una Convención Marco sobre Cooperación Internacional en Materia Fiscal. La Resolución A/78/230, adoptada el año pasado, inicia discusiones intergubernamentales en la ONU para fortalecer la cooperación fiscal y elaborar una convención vinculante. Actualmente, se lleva a cabo la segunda ronda de negociaciones sobre los Términos de Referencia en la sede de la ONU en Nueva York, destacando la necesidad de una cooperación fiscal más inclusiva y eficaz para promover la justicia fiscal y los derechos humanos en un contexto de creciente vulnerabilidad climática.
La política fiscal está estrechamente relacionada con los derechos humanos y la justicia climática. Según la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Protocolo Adicional de San Salvador, los Estados deben garantizar la realización progresiva de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Aunque los Estados tienen discreción para definir sus políticas fiscales, están obligados internacionalmente a promover y sostener los DESCA a través de sus decisiones de política pública.
El monitoreo en América Latina y el Caribe revela que el disfrute de los DESCA está comprometido por limitaciones estructurales económicas y una arquitectura financiera internacional inequitativa. Esto facilita flujos financieros ilícitos, evasión fiscal y deslocalización de beneficios, reduciendo el espacio fiscal necesario para financiar servicios públicos de calidad. Los países del Caribe enfrentan además un espacio fiscal limitado para adaptarse y mitigar los daños del cambio climático, recurriendo a préstamos y enfrentando dilemas entre cumplir con la deuda externa y financiar medidas climáticas urgentes.
REDESCA enfatiza la importancia de debatir y desarrollar reformas fiscales progresivas a nivel nacional e internacional y la necesidad urgente de movilizar recursos adicionales para el financiamiento climático. La Relatoría reitera su compromiso de participar activamente en estos debates, que deben incluir la participación de todos los gobiernos, organizaciones internacionales y una representación diversa de la sociedad civil.