Buscan ratificar tratados para el traslado de condenados con Costa Rica y Argentina

La viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, en su calidad de Encargada del Despacho Ministerial, ha presentado dos iniciativas a la Asamblea Legislativa para ratificar tratados internacionales que permitirían el traslado de personas condenadas entre El Salvador y otros países.

El primer tratado presentado tiene como objetivo establecer los compromisos entre la República de El Salvador y la República de Costa Rica para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero.

Este tratado tiene como contenido cinco considerandos y quince artículos que abordan cuestiones como definiciones, autoridades centrales, principios generales, negativa al traslado, derecho de la persona condenada, jurisdicción, revisión de la sentencia y efectos en el Estado receptor, gastos y costos, solución de controversias, procedimiento para el traslado, condiciones para la aplicación del tratado, suministro de información, enmienda, aprobación, entrada en vigor y denuncia.

Uno de los beneficios esperados de este tratado es permitir que las personas condenadas cumplan sus penas de prisión en su país de origen, lo que facilitaría su reinserción social al estar cerca de su entorno familiar y cultural.

El segundo tratado busca establecer el traslado de condenados para la ejecución de sentencias penales entre la República de El Salvador y la República de Argentina. Este tratado consta de veinticinco artículos que abordan aspectos como definiciones, autoridades centrales, principios generales, condiciones para la aplicación del tratado, suministro de información, procedimiento para el traslado, negativa al traslado, derechos de la persona condenada, jurisdicción, revisión de la sentencia y efectos en el Estado receptor, entre otros.

Al igual que en el caso del tratado con Costa Rica, el objetivo de este tratado es permitir que las personas condenadas cumplan sus penas de prisión en su país de origen. Esto se hace en un marco de respeto mutuo de la soberanía y jurisdicción de ambos Estados y con el fin de promover una mejor administración de la justicia y la rehabilitación social de las personas condenadas en sus países de origen.

Ambos tratados se basan en principios generales, como el consentimiento voluntario de la persona condenada y el acuerdo entre los Estados trasladante y receptor. Además, establecen la comunicación por la vía diplomática y la cooperación mutua en materia de traslado internacional de personas condenadas.