Bukele afirma que delincuentes tienen derechos humanos, pero sostiene que el Estado debe priorizar los de “la gente honrada”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que los delincuentes también tienen derechos humanos, pero subrayó que la obligación principal del Estado es defender los derechos de las víctimas y de la población honrada y trabajadora, en medio de las críticas internacionales al régimen de excepción vigente en el país.

Durante una conferencia conjunta con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, Bukele cuestionó a organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales de derechos humanos que han denunciado abusos en el marco de la política de seguridad salvadoreña, al considerar que su enfoque se centra en los criminales y no en quienes sufrieron la violencia de las pandillas.

“Yo estoy de acuerdo en que todos los criminales tienen derechos humanos, pero la prioridad del Estado deben ser los derechos humanos de la gente trabajadora, de la gente honrada”, expresó el mandatario, al responder a una pregunta de una periodista chilena que señaló que el modelo de seguridad aplicado en El Salvador también ha recibido críticas en Chile por presuntas violaciones a derechos fundamentales.

Responde a críticas

Bukele sostuvo que existe una “preocupación selectiva” por parte de algunas organizaciones de derechos humanos, a las que acusó de no haber denunciado con la misma firmeza los asesinatos, extorsiones, mutilaciones y atentados cometidos por las pandillas durante décadas. Según el presidente, estas entidades ahora actúan como defensores legales de los criminales, mientras ignoran el sufrimiento de las víctimas.

“Todas esas denuncias tendrían más valor si antes hubieran alzado la voz contra quienes mataban, ponían bombas o cortaban manos y cabezas. No lo hicieron y hoy solo se preocupan por los delincuentes”, afirmó.

El régimen de excepción, implementado como la principal estrategia gubernamental contra las pandillas y que está próximo a cumplir cuatro años de vigencia, ha sido clave en la política de seguridad de Bukele y le permitió alcanzar una alta aprobación ciudadana, así como su reelección inmediata para un segundo mandato, pese a la prohibición constitucional.

Sin embargo, la medida ha sido duramente cuestionada por organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que sostienen que el modelo de seguridad se ha aplicado a costa de los derechos humanos.

De acuerdo con datos de organizaciones humanitarias, el régimen de excepción ha generado más de 6,400 denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos, además de al menos 470 muertes de privados de libertad.

Las declaraciones del presidente salvadoreño se produjeron en el contexto de la visita de Kast a El Salvador, quien recorrió junto a Bukele el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel de máxima seguridad construida para recluir a miembros de pandillas, y que se ha convertido en uno de los símbolos más visibles de la política de mano dura impulsada por el Gobierno.