La Asamblea Legislativa de El Salvador ratificó con 59 votos a favor la declaratoria de estado de emergencia nacional por un plazo de 15 días. Esta medida responde a las adversas condiciones climatológicas que han afectado al país.

La decisión faculta a las distintas instituciones de gobierno a ejecutar las medidas necesarias para mitigar los efectos de esta emergencia climática. Esto incluye la administración y traslado de fondos conforme a la ley para enfrentar y reducir el impacto de las intensas lluvias que han azotado el territorio salvadoreño en las últimas 48 horas.

Las autoridades de la Dirección General de Protección Civil y las instituciones de socorro han reportado la muerte de tres personas debido a las lluvias, además de heridos, inundaciones, derrumbes y accidentes de tránsito en diversas zonas del país.

“Ante la grave situación que enfrenta nuestro país debido a las intensas lluvias que han afectado nuestras comunidades, es nuestro deber actuar con prontitud y responsabilidad para proteger y asistir a la población”, expresó el diputado Caleb Navarro.

El decreto otorga a Protección Civil la facultad de evacuar obligatoriamente a la población en peligro, utilizando los mecanismos coercitivos necesarios para proteger el derecho a la vida. La población calificada como «en riesgo» deberá acatar obligatoriamente las órdenes de evacuación de las autoridades competentes.

Protección Civil también está autorizada a gestionar con entidades públicas y privadas el uso de infraestructura e inmuebles como centros de acopio y albergues temporales. Además, el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) podrá coordinar tareas de remoción de escombros y rehabilitación de infraestructuras dañadas en colaboración con empresas privadas, según sea necesario.

El Ministerio de Educación (Mined) ha lanzado una licitación para el diseño y mejoramiento de 52 centros educativos como parte de la reforma «Mi Nueva Escuela», financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Las escuelas a renovar están ubicadas en Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, Cabañas, La Paz, San Miguel, Morazán y La Unión, todos municipios identificados por tener altos índices de pobreza multidimensional.

El Mined ha invitado a empresas interesadas a participar en la licitación enviando sus ofertas técnicas y económicas a la Dirección de Compras Públicas antes del 30 de julio de este año. Las bases de la licitación están disponibles gratuitamente en el sitio web del ministerio, www.mined.gob.sv.

El BCIE está financiando la renovación de 186 centros escolares bajo este proyecto, beneficiando a más de 55,400 estudiantes de todos los niveles educativos, desde parvularia hasta bachillerato. La renovación de las primeras 50 escuelas comenzó el año pasado con un desembolso de $28.7 millones, de un total de $200 millones aprobados por el banco para mejorar la educación en 10 departamentos, principalmente en La Libertad, Santa Ana y Sonsonate.

El Gobierno realizó la entrega de carnets para el tránsito fronterizo a niños, niñas y adolescentes en Las Pilas – Cayaguanca, al norte del departamento de Chalatenango. Este proyecto beneficiará a alrededor de 18,000 personas de las zonas afectadas por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 11 de septiembre de 1992, con 240 documentos entregados en esta primera fase.

Este carnet permitirá a los jóvenes transitar de forma segura por el territorio salvadoreño y acceder a servicios esenciales como educación y salud. El evento también contó con la presencia de la Viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, la Directora Ejecutiva de CONAPINA, Linda Amaya, y el presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Fernando Velasco.

El carnet, con una vigencia de cinco años, es gratuito tanto en su emisión inicial como en las renovaciones, aunque la reposición o modificación tiene un costo de cinco dólares.

El evento se realizó en el Centro Escolar «Cantón Las Pilas» y también incluyó actividades organizadas por CONAPINA para los estudiantes. La iniciativa demuestra el compromiso del gobierno de transformar la vida de los salvadoreños, especialmente en áreas que habían sido olvidadas durante décadas.

El gobierno de El Salvador ha presentado a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma a la Ley de Bancos, destinada a incluir regulación específica para la creación y funcionamiento de bancos privados de inversión (BPI).

La propuesta introduce 16 nuevos artículos y modifica dos existentes en la Ley de Bancos vigente desde 1999. Los puntos clave de la reforma incluyen que los BPI deberán constituirse como sociedades anónimas de capital variable, con al menos dos accionistas y un capital social mínimo de $50 millones, pagado en moneda de curso legal al momento de su constitución.

Estos bancos podrán realizar diversas operaciones activas y pasivas, como administración de riesgos económicos, gestión de inversiones y transacciones en monedas legales, incluyendo dólares, bitcóin y stablecoins.

Los servicios de los BPI estarán dirigidos exclusivamente a «inversionistas sofisticados», definidos como personas naturales o jurídicas que cumplan ciertos requisitos, como tener activos de libre disposición por al menos $250,000 y conocimiento y experiencia en inversiones.

El Banco Central de Reserva (BCR) será responsable de elaborar las normas técnicas necesarias dentro de un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor de la reforma, mientras que la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) emitirá resoluciones para la constitución de BPI.

La creación de BPI en El Salvador es vista como una oportunidad para canalizar eficientemente recursos financieros hacia proyectos empresariales y gubernamentales, potencialmente aumentando la riqueza nacional. Sin embargo, la iniciativa ha generado debate.

La comisión de tecnología, turismo e inversión de la Asamblea Legislativa ha recibido la iniciativa y continuará su estudio en futuras sesiones de trabajo. No se ha programado la invitación a funcionarios gubernamentales para explicar la reforma.

El Banco Mundial (BM) ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento para la economía de El Salvador en 2024. En su informe más reciente, la institución ha elevado la estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país a un 3.2%, un aumento significativo respecto a la proyección inicial de 2.3% en enero y la revisión intermedia de 2.5% en abril.

El BM también ha mejorado la estimación de crecimiento para 2023, situándola en un 3.5%, en línea con las estadísticas oficiales del Banco Central de Reserva (BCR). Esta revisión positiva refleja una tendencia de crecimiento continuado, aunque a menor escala en los próximos años. Para 2025, el BM prevé un crecimiento del 2.7%, mientras que para 2026 se estima un 2.5%.

A pesar del crecimiento positivo, El Salvador sigue estando entre las economías de Centroamérica con menores tasas de crecimiento proyectadas. Mientras que el crecimiento promedio para la región centroamericana se estima en 3.2% para 2024, El Salvador se posiciona detrás de países como Costa Rica, que lidera con una proyección de 3.9%, y Nicaragua, con un 3.7%.

La revisión al alza del BM se suma a las mejoras de proyecciones realizadas por otros organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En abril, el FMI ajustó su previsión para El Salvador a un 3% desde el 1.9% estimado en octubre de 2023. La CEPAL, por su parte, elevó su proyección a 3% en mayo desde un 2% inicial.

El BCR también ha mostrado optimismo, proyectando un crecimiento de entre 3% y 3.5% para la economía salvadoreña en 2024.

Aunque El Salvador muestra una mejora en sus proyecciones de crecimiento, el país aún enfrenta desafíos significativos en comparación con sus vecinos regionales. Por ejemplo, la economía panameña, que lideró en 2023 con un crecimiento del 6.5%, se espera que crezca solo un 2.5% en 2024. Guatemala también verá una desaceleración, con una proyección de crecimiento del 3% en 2024, comparado con el 3.5% de 2023.

En contraste, la economía salvadoreña se destaca frente a otras grandes economías de América Latina, como Brasil, Chile y México, cuyas proyecciones de crecimiento para 2024 son del 2%, 2.6% y 2.3%, respectivamente.