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Asamblea recibe moción para fortalecer planes de seguridad ciudadana

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Esta semana, en la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, recibieron una moción para reformar la Ley del Presupuesto 2017, a fin de transferir recursos para concretar el fortalecimiento de instituciones de seguridad, servicios eficientes para prevenir la violencia, recuperación de espacios públicos, para el desarrollo de programas de reinserción y prevención del delito, entre otros.

Dicho proyecto fue presentado por el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz; el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde; y su Gabinete de Seguridad. Además mencionó que el monto a transferir es de 74, 684,422 dólares, los cuales provienen de la aplicación de la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC) y de la Ley de Contibución Especial a los Grandes Contribuyentes para el Plan de Seguridad Ciudadana; la utilidad de estos recursos son exclusivamente para tareas de seguridad ciudadana y convivencia.

“No puedo dejar pasar la oportunidad para felicitar al Gabinete de Seguridad, encabezado por el vicepresidente, por el trabajo y esfuerzo que hacen por la seguridad del país, el cual se ve reflejado en los resultados que se están logrando en la reducción homicidios y extorsiones”, indicó el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos del Grupo Parlamentario GANA tras recibir la moción.

“Me complace que la mayor cantidad de dinero vaya distribuida para la represión y el control, a mi juicio es donde debe ir más enfocado el fondo. Estamos complacidos de que a la Fiscalía General de la República (FGR) y al ejército se le proporcione la cantidad que 10 millones de dólares para cada una de las instituciones. Asimismo reconozco lo que se está haciendo para garantizar el bono de los servidores públicos de seguridad del próximo trimestre, que son casi 37 mil agentes entre soldados, policías y vigilantes penitenciarios”, enfatizó el presidente Gallegos. Finalmente, expresó su compromiso para que la iniciativa sea aprobada por unanimidad durante la Sesión Plenaria del próximo jueves.

Por su parte, el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, manifestó: “La propuesta de redistribución del fondo, sin duda alguna, contribuirá para continuar cosechando éxito en esta gran cruzada contra el crimen, extorsión y todas las acciones violentas que se dan en el país. El esfuerzo que estamos haciendo es conjunto con todas las instituciones del Estado e hicimos un intenso cabildeo con los distintos grupos parlamentarios; y este consenso importante nos permitirá, en el corto plazo, la aplicación de los fondos para el cumplimiento de las misiones y sobre todo de las metas planteadas en cada una de las áreas respectivas”.

Asimismo, el ministro Mauricio Landaverde resaltó que con la reasignación de recursos “el 61.4% es destinado a labores de control y represión y el 37.2% será asignado para programas de tipo preventivo. De ser aprobado también será posible incentivar con bonos a los miembros de instituciones que enfrentan la criminalidad, y asignar recursos al Ministerio de Salud y Educación, Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), Instituto Nacional de los Deportes (INDES), Secretaría de Cultura de la Presidencia (SECULTURA) y a las municipalidades, para que continúen desarrollando planes de prevención en el marco del Plan El Salvador Seguro, en los 26 municipios priorizados”.

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Sector justicia inicia formación especializada en ética y lucha contra la corrupción

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Con la participación de magistrados y funcionarios del sistema judicial, fue inaugurada la primera edición del posgrado en Ética, Integridad y Lucha contra la Corrupción, un esfuerzo formativo impulsado por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) con el objetivo de fortalecer la transparencia y la integridad en la función pública.

El programa, dirigido especialmente a servidores públicos del sector justicia, tiene como meta reforzar sus capacidades en la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, tanto en el ámbito administrativo como judicial. La formación también incluye el uso de tecnología y herramientas modernas para mejorar los procesos de fiscalización y control institucional.

El acto de apertura contó con la presencia de magistrados de las Salas de lo Constitucional, Penal y Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos, Luis Javier Suárez Magaña, Héctor Nahun Martínez García, Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, Sandra Luz Chicas de Fuentes, José Ernesto Clímaco Valiente, Vicente Alexander Rivas Romero y José Fernando Marroquín Galo.

La iniciativa marca un paso importante hacia una gestión pública más ética, al consolidar una cultura institucional basada en la integridad y la rendición de cuentas.

El posgrado, que se desarrollará de abril a noviembre, está compuesto por ocho módulos. La jornada inaugural comenzó con el primer módulo: Introducción al fenómeno de la corrupción, que sienta las bases conceptuales y contextuales del curso.

Funcionarios de distintas entidades del sector justicia también se sumaron al programa, en un gesto colectivo que refuerza el compromiso del Estado salvadoreño por mejorar la calidad del servicio público y recuperar la confianza ciudadana.

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Corte Suprema de Justicia recuerda sobre trámite de reposición de sellos para abogados y notarios

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) recordó, a través de sus redes sociales oficiales, los lineamientos actualizados para que abogados y notarios puedan solicitar la reposición de sus sellos en caso de robo, hurto o extravío. Este trámite deberá realizarse ante la Secretaría General del órgano judicial, ubicada en el tercer nivel del Palacio Judicial, Centro de Gobierno.

Según la información publicada, los profesionales del derecho deberán presentar un escrito dirigido a la Secretaría General solicitando la reposición, especificando además la imprenta seleccionada para elaborar los nuevos sellos. Es obligatorio adjuntar una declaración jurada o una copia de la denuncia interpuesta ante la Policía Nacional Civil o la Fiscalía General de la República, que respalde el extravío, robo o hurto del sello.

Una vez entregada la documentación, la autorización para la elaboración de nuevos sellos estará disponible en un plazo de tres días hábiles. Posteriormente, la imprenta contará con otros tres días hábiles para elaborar y remitir los sellos a la Secretaría General, donde deberán ser retirados personalmente por el abogado o notario interesado.

Aunque el trámite puede ser presentado por un tercero, este debe contar con una firma autenticada del solicitante. Sin embargo, el retiro de los sellos será únicamente responsabilidad del titular.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al número 2271-8888, extensión 1210.

La CSJ reitera la importancia de mantener en resguardo estos instrumentos profesionales y facilitar el proceso de reposición en casos necesarios.

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Asamblea Legislativa aprueba reforma judicial para reorganizar juzgados en Sonsonate y Armenia

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Con 60 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves una reforma a la Ley Orgánica Judicial que reestructura varios juzgados en los departamentos de Sonsonate y La Libertad. La modificación entrará en vigor el 1 de julio de 2025 y tiene como objetivo mejorar la distribución de casos y la eficiencia en el sistema judicial.

La medida contempla la conversión y ampliación de competencia de los juzgados civiles, mercantiles, laborales y penales en las localidades de Sonsonate Centro, Armenia e Izalco.

Según el dictamen aprobado, los cambios permitirán redistribuir la carga laboral y judicial en zonas con alta demanda.

Entre los principales ajustes se encuentra la transformación del Juzgado de Primera Instancia de Armenia en el nuevo Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Sonsonate, el cual mantendrá su sede en Armenia. Asimismo, se crean el Juzgado Primero y el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Sonsonate Centro, con residencia en esa ciudad.

Además, se amplía la competencia del Juzgado de Instrucción de Izalco, que asumirá los casos penales previamente tramitados por el juzgado de Armenia. Por su parte, el Juzgado de lo Laboral de Sonsonate absorberá los procesos laborales en trámite, incluyendo casos inactivos, del mismo juzgado.

Otra modificación relevante es que los tres juzgados civiles y mercantiles de Sonsonate podrán conocer casos provenientes de los distritos de Jayaque, Tepecoyo y Sacacoyo, pertenecientes al sector oeste del departamento de La Libertad. Las constancias de expedientes cerrados tramitados en Armenia también serán transferidas al nuevo Juzgado Tercero.

La reforma establece que la Cámara Segunda de lo Civil de Occidente, con sede en Sonsonate, se encargará de conocer en segunda instancia los procesos llevados por los juzgados civiles y mercantiles reestructurados.

El magistrado presidente de la Sala de lo Penal, Alejandro Quinteros, explicó que la conversión no implicará gastos adicionales ni eliminación de plazas, ya que forma parte del plan estratégico institucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Según datos proporcionados por la CSJ, cada despacho de lo civil y mercantil en Sonsonate actualmente maneja más de 500 casos, lo que ha generado demoras en la atención judicial.

Quinteros también adelantó que la CSJ estudia futuras reformas similares en los municipios de Tejutla y Dulce Nombre de María, en el departamento de Chalatenango.

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“Un Abogado en Nueva York”: la serie que expone las luchas legales de los inmigrantes indocumentados

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En medio de un renovado debate sobre la inmigración impulsado por las políticas de la administración del expresidente Donald Trump, una serie digital ha captado la atención del público por su enfoque realista y conmovedor sobre el tema. Un Abogado en Nueva York, creada por el abogado Aníbal Romero, conocido por representar a trabajadores indocumentados empleados por la Organización Trump, retrata con dramatismo las batallas legales que enfrentan miles de inmigrantes en Estados Unidos.

La producción, compuesta por 35 episodios, se transmite de forma gratuita en YouTube e Instagram. Ambientada en la ciudad de Nueva York, la historia sigue a Aníbal, un abogado de inmigración comprometido con sus clientes, mientras navega casos que incluyen desde deportaciones y violencia doméstica hasta procesos para obtener visas y cargos penales.

Basada en hechos reales, la serie no solo muestra el complejo sistema judicial al que se enfrentan los inmigrantes, sino que también humaniza sus vivencias. 

“Todos los días veo historias que merecen ser contadas, pero los medios no las cubren”, afirma Romero. “Hoy en día, la gente no ve las noticias como antes. Esta serie es una forma de llevarles esas historias directamente a donde están”.

La producción ha resonado especialmente entre comunidades inmigrantes que enfrentan barreras lingüísticas y viven en condiciones de incertidumbre legal. Aportando aún más fuerza al relato, la actriz y ex Miss Universo Alicia Machado aparece como estrella invitada en un arco de tres episodios, interpretando a una fiscal que enfrenta a Aníbal en un caso de asesinato relacionado con violencia doméstica.

Los episodios con Machado se estrenan este miércoles 23 de abril, y continuarán el 30 de abril y el 7 de mayo. El final de temporada está programado para el 28 de junio.

Un Abogado en Nueva York representa un nuevo enfoque para hablar de inmigración en la era digital, mezclando entretenimiento con conciencia social y llevando a la pantalla las historias que pocas veces llegan a los noticieros tradicionales.

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Consejo de la Judicatura impulsa formación especializada sobre justicia penal juvenil con videoconferencia sobre cadena de custodia

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El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) continúa fortaleciendo las capacidades del funcionariado judicial y demás operadores del sector justicia mediante su ciclo de videoconferencias titulado Criminalística y Justicia Penal Juvenil. En esta ocasión, la institución anuncia la realización de su segunda sesión académica, enfocada en un tema clave para la administración de justicia: La Cadena de Custodia en el Proceso Penal Juvenil.

La jornada formativa se llevará a cabo el próximo 24 de abril de 2025, en horario de 9:00 de la mañana al mediodía y está dirigida a jueces, fiscales, defensores públicos, investigadores, académicos y miembros de la comunidad jurídica interesados en profundizar sus conocimientos sobre el tratamiento técnico y legal de las evidencias en procesos penales que involucran a adolescentes.

Los ponentes de esta edición son dos destacados especialistas en criminalística y derecho penal juvenil: el Msc. Rodolfo Saez Muñoz, experto chileno en Ciencias Forenses y Criminalística, y el Lic. Luis Eduardo Ticas Hernández, Coordinador de Apoyo de la Unidad Penal Juvenil de la Procuraduría General de la República (PGR).

La actividad forma parte del esfuerzo permanente del CNJ por ofrecer formación especializada que responda a los desafíos actuales del sistema de justicia, con especial atención a la protección de derechos en contextos sensibles como el de la niñez y adolescencia en conflicto con la ley.

Para más información sobre el ciclo de videoconferencias y futuras actividades académicas, las personas interesadas pueden consultar los canales oficiales del Consejo Nacional de la Judicatura.

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