Asamblea Legislativa supera veto presidencial sobre asignaciones presupuestarias

Los diputados ratificaron los decretos legislativos n. °781 y n. °782, los cuales permiten la incorporación de recursos, y  la asignación de dichos fondos en el Presupuesto General del Estado 2020 y que están destinados a financiar FOMILENIO II, FODES, así como los beneficios de veteranos y excombatientes.

El Decreto Legislativo n. °781 contiene las reformas al Decreto Legislativo n° 640, de fecha 5 de mayo de 2020, que fue publicado en el Diario Oficial n° 89, Tomo n° 427, del 5 de mayo de 2020”; mientras que el decreto n. °782, contiene  las modificaciones a la Ley de Presupuesto vigente, por la incorporación de recursos por valor de $354,200,000.00. Ambos fueron aprobados el pasado 26 de noviembre y declarados inconstitucionales por el Ejecutivo.

El presidente de la República, Nayib Bukele, vetó el miércoles las reforma argumentando que violentan el artículo 1 de la Constitución relativo al derecho a la seguridad jurídica y al artículo 226 relativo al principio de equilibrio presupuestario.

La distribución aprobada de los recursos por el Órgano Legislativo otorga 288 millones de dólares a los gobiernos locales, a través del FODES; 50 millones a la contrapartida de FOMILENIO; 16 millones para completar el pago de los beneficios de veteranos y excombatientes; y 45 millones para el pago de obligaciones del sector privado.

Tras ratificar los decretos legislativos, las controversias por los respectivos decretos pasarán a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, instancia que deberá determinar la constitucionalidad o no de los mismos, según lo establecido en el art. 138 de la Carta Magna.

Por otra parte, y  en atención a lo manifestado por el Órgano Ejecutivo en dichos vetos, en los que afirma no contar con los recursos para cumplir con lo establecido en los decretos n. °781 y n. °782, el Pleno Legislativo, con 57 votos a favor y dos en contra, aprobó una resolución en la que se autoriza dar aviso a la Fiscalía General de la República de eventuales actos constitutivos de delito por parte de funcionarios del Órgano Ejecutivo, así como a la Corte de Cuentas de la República, para que realice una auditoría especial, a fin de verificar y constatar operaciones presupuestarias ilícitas.