Asamblea Legislativa decreta Estado de Emergencia por la tormenta tropical Pilar

La Asamblea Legislativa ha decretado un Estado de Emergencia en todo el país durante 15 días, en respuesta a la inminente llegada de la tormenta tropical Pilar. La decisión fue respaldada con 75 votos durante una sesión plenaria extraordinaria convocada por el presidente del legislativo, Ernesto Castro, después de que el presidente Nayib Bukele solicitara la medida a través de sus redes sociales.

La solicitud del Órgano Ejecutivo se basa en el artículo 24 de la Ley y Reglamentos de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. Este artículo otorga a la Asamblea Legislativa la facultad de declarar un Estado de Emergencia en todo o parte del territorio nacional, en caso de que el riesgo o peligro provocado por un desastre justifique la medida. El Director General de Protección Civil proporciona la evidencia del riesgo o peligro a considerar.

La declaratoria de Estado de Emergencia otorga a la Dirección de Protección Civil la autoridad para evacuar obligatoriamente a la población en riesgo, quienes deben acatar las órdenes de las autoridades. También, la institución debe gestionar espacios de albergue temporal para las personas afectadas.

El Ministerio de Obras Públicas se encargará de la remoción de escombros y la rehabilitación de la infraestructura dañada por las lluvias.

La Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y otros cuerpos de socorro deben participar activamente en la evacuación de las personas y garantizar la protección de sus bienes.

Además, se establece que todas las medidas sanitarias necesarias para la protección de la población deberán ser implementadas según las indicaciones del Ministerio de Salud.

El decreto también autoriza a las instituciones de Gobierno a administrar fondos y hacer transferencias de recursos para mitigar los efectos de la tormenta tropical de acuerdo con la ley. Las compras y adquisiciones necesarias para la respuesta a la emergencia se llevarán a cabo ágilmente, siguiendo las normativas de la Ley de Compras Públicas. Todas las compras serán auditadas por la Corte de Cuentas de la República.

Además, se exoneran del pago de impuestos las donaciones realizadas a instituciones públicas para abordar los efectos de la emergencia.