Asamblea Legislativa aún no conoce dictamen para nueva Ley de Propiedad Intelectual

A pesar de haber sido aprobada por la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno a principios de julio, la Asamblea Legislativa aún no ha revisado el dictamen favorable para la creación de la nueva Ley de Propiedad Intelectual. Se desconoce si la propuesta fue devuelta a la comisión para su estudio adicional.

La nueva legislación propone una amplia protección para los derechos de autor y derechos conexos, abarcando autores de obras literarias, artísticas, científicas y de software. Los derechos incluyen la paternidad de la obra, la integridad y el derecho exclusivo de explotación económica, que comprende reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.

La ley establece la creación del Instituto Salvadoreño de la Propiedad Intelectual (ISPI), dependiente del Centro Nacional de Registro, encargado de gestionar y regular estos derechos. El ISPI será responsable de administrar registros de patentes, marcas, diseños industriales, derechos de autor y signos distintivos, así como de coordinar la lucha contra la piratería y falsificación.

También se reconocen los derechos conexos para intérpretes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, garantizando la protección de interpretaciones, fonogramas y emisiones. Además, se contempla la gestión colectiva de derechos, permitiendo a las sociedades de gestión representar y administrar los derechos de sus miembros.

La ley proporciona protección para invenciones y modelos de utilidad, con un procedimiento simplificado y digitalizado para la solicitud de patentes. Los modelos de utilidad, que requieren un menor grado de inventiva, también reciben protección, otorgando derechos exclusivos para su explotación comercial.

Se incluyen disposiciones para proteger los diseños industriales, garantizando la protección de su apariencia ornamental. Las marcas, nombres comerciales, indicaciones geográficas y otros signos distintivos están protegidos, con un proceso de registro actualizado que facilita su protección contra infracciones.

Además, la normativa aborda prácticas de competencia desleal y protege a los consumidores contra productos falsificados. La ley asegura que las autoridades puedan llevar a cabo inspecciones y decomisos para garantizar la autenticidad y calidad de los productos en el mercado.

La nueva legislación está alineada con los compromisos internacionales de El Salvador, incorporando estándares de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). La ley deroga varias legislaciones anteriores y entrará en vigor seis meses después de su publicación en el Diario Oficial, otorgando tiempo para la adaptación a los nuevos procedimientos.