Asamblea Legislativa aprueba reformas que castigan con hasta 12 años el uso indebido de bases de datos

Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves reformas a la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos y Conexos, estableciendo penas de hasta 12 años de prisión para quienes hagan uso ilegítimo de bases de datos. La medida busca reforzar la seguridad jurídica y combatir prácticas delictivas asociadas al uso indebido de tecnologías de la información.

La modificación del artículo 11 de la ley responde a una necesidad urgente señalada por diversos sectores empresariales, especialmente por la Cámara Americana de Comercio de El Salvador (AmCham), cuyos representantes advirtieron sobre lagunas legales que impedían perseguir penalmente este tipo de delitos.

El jefe de bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, solicitó al inicio de la sesión plenaria una modificación de agenda para incorporar la iniciativa con dispensa de trámite, lo que permitió su discusión y aprobación inmediata.

Las reformas introducen penas más severas para quienes, teniendo acceso legítimo a sistemas informáticos o bases de datos por razón de su trabajo, extraigan, manipulen o filtren información confidencial con fines ilícitos o para beneficiar a terceros. El nuevo inciso contempla también sanciones para empleados de call centers, plataformas de ventas, servicios basados en blockchain y otros sistemas donde se almacenan datos de terceros.

“La afectación no es solo para el usuario que pierde el acceso a sus cuentas o dinero, también impacta a las empresas, que enfrentan pérdidas económicas, sanciones y daños reputacionales”, explicó Héctor Cuchilla, presidente del Comité de Tecnología y Ciberseguridad de AmCham, previo a la votación legislativa. Añadió que una de las prácticas más comunes detectadas es el soborno a empleados de centros de contacto para filtrar información sensible.

Sergio Campos, coordinador legal de AmCham, destacó que esta reforma no limita libertades individuales, sino que busca garantizar la protección de datos de los salvadoreños. “Queremos cerrar vacíos legales que han impedido judicializar estos casos. Ahora las empresas también podrán ser reconocidas como víctimas y presentar denuncias cuando se vulnere la información bajo su custodia”, indicó.

La aprobación también incorpora en la legislación el reconocimiento de todas las partes afectadas en la cadena de custodia de datos como víctimas del delito, una petición específica de AmCham para facilitar el proceso de denuncia y judicialización.

El diputado Raúl Chamagua celebró la aprobación de la reforma y subrayó su impacto económico. “Esta ley brinda más certeza a las inversiones, protege la operación de las empresas y fortalece nuestro entorno digital. Es un paso más para consolidar a El Salvador como un país seguro para invertir”, afirmó.