Asamblea Legislativa aprueba creación de juzgados de familia en Ahuachapán, Usulután y La Unión

La Asamblea Legislativa aprobó la iniciativa presentada por la Corte Suprema de Justicia en el sentido se aprueben reformas a la Ley Orgánica Judicial relativas a la creación de los Juzgados Segundos de Familia con sede en los municipios de Ahuachapán, Usulután y La Unión.

La Corte estima que debido a la sobrecarga de trabajo de los Juzgados de Familia de Ahuachapán, Usulután y La Unión, es necesario adoptar medidas para incrementar la capacidad de respuesta de esta competencia, volviéndose indispensable la creación de nuevos tribunales, para así lograr una mejor distribución de los asuntos en esta materia, y se contribuya a mejorar la calidad del servicio de la administración de justicia, a los usuarios.

De aprobarse la solicitud se creación juzgados según la siguiente descripción:

• En el municipio de Ahuachapán, el “Juzgado Segundo de Familia”, con residencia en esa ciudad y con competencia para todos los municipios del departamento de Ahuachapán de conformidad a la normativa aplicable.
• En el municipio de Usulután, el “Juzgado Segundo de Familia”, con residencia en esa ciudad y con competencia para todos los municipios del departamento de Usulután de conformidad a la normativa aplicable.
• En el municipio de La Unión, el “Juzgado Segundo de Familia”, con residencia en esa ciudad y con competencia para todos los municipios del departamento de La Unión de conformidad a la normativa aplicable.

Los actuales Juzgados de Familia de las ciudades de Ahuachapán, Usulután y La Unión, cambian su denominación a: Juzgado Primero de Familia de Ahuachapán, Juzgado Primero de Familia de Usulután, y Juzgado Primero de Familia de La Unión; tendrán competencia común para todos los municipios de sus respectivos departamentos, junto con los nuevos juzgados que, por este decreto, se crean.

Así también, la distribución de procesos y diligencias de los Juzgados de Familia se realizará por medio de las Oficinas Distribuidoras de Procesos de las ciudades respectivas, para lo cual la Corte Suprema de Justicia deberá desarrollar todas las acciones logísticas necesarias a fin de implementarlas.