Asamblea Legislativa anuncia inclusión de sujetos obligados en ley contra lavado de activos

El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, informó que se volverán a incluir como sujetos obligados en la nueva ley contra el lavado de activos a las constructoras, droguerías, farmacéuticas, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales (ONG) y gremiales. La aprobación de estas modificaciones se llevará a cabo próximamente.

Castro explicó que la nueva normativa, que se espera sea aprobada tras una modificación de la agenda de la sesión plenaria, rectificará la exclusión de estos sectores como sujetos obligados para informar sobre transacciones financieras sospechosas.

«Vamos a hacer esa modificación para que todas queden en igual condiciones porque no estábamos de acuerdo con que algunas se sacaran para que no pudieran presentar, vaya, por ejemplo, farmacéuticas, droguerías, constructoras, partidos políticos, oenegés, gremiales, y las estaban sacando, para que ellos no cumplieran lo mismo que las demás», señaló el presidente legislativo.

Castro indicó que la Comisión de Seguridad y Combate al Narcotráfico no se percató de la exclusión de estos sectores cuando aprobó el dictamen favorable de la ley. Fue el mismo grupo parlamentario el que se dio cuenta y alertó sobre la situación, según explicó el legislador.

El proyecto de ley aprobado por la Comisión de Seguridad incluye a nuevos sujetos obligados, como los «proveedores de servicios de activos virtuales o digitales», pero excluye al menos 10 tipos de entidades que están contempladas como sujetos obligados en la ley actual.

Entre las entidades excluidas se encuentran importadores o exportadores de productos e insumos agropecuarios, sociedades emisoras de tarjetas de crédito, empresas constructoras, empresas privadas de seguridad, partidos políticos, entre otros.

La nueva ley cambiará su nombre de «Ley contra el lavado de dinero y de activos» a «Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva». La normativa aún no ha sido aprobada en el pleno.