Politica
Asamblea extiende por 40ª vez el régimen de excepción para combatir a estructuras criminales
Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves una nueva prórroga del régimen de excepción, que estará vigente del 5 de julio al 3 de agosto de 2025. Esta es la cuadragésima extensión consecutiva de la medida que fue implementada originalmente en marzo de 2022 como parte de la estrategia gubernamental contra las pandillas.
El decreto aprobado justifica la prolongación bajo el argumento de que aún persisten amenazas a la seguridad pública, atribuibles a remanentes de grupos delincuenciales.
“Las labores de inteligencia policial han confirmado la existencia de actividades criminales como extorsión, tráfico de drogas y el uso de plataformas digitales para el reclutamiento de menores”, detalla el documento.
El oficialismo también destacó la efectividad de los cercos de seguridad, como el aplicado en Ilopango, que permitió incautaciones de armas, drogas y la captura de miembros activos de pandillas.
Tras años de una espiral de delitos de las pandillas que llevó a El Salvador a ser uno de los países más violentos del continente, la disminución del crimen ha sido reconocida por la mayoría de los salvadoreños.
Las más recientes encuestas reflejan la elevada y constante popularidad del presidente Nayib Bukele (arriba del 80 %), en gran medida como reconocimiento por el impacto de su política de seguridad.
Impacto y cifras del régimen
Desde la implementación del régimen, el Gobierno reporta más de 87,100 detenciones de presuntos pandilleros, incluidos cabecillas y colaboradores de diferentes niveles. Según cifras oficiales, se han registrado más de 943 días sin homicidios, un dato que el Ejecutivo presenta como evidencia del éxito de la política de seguridad.
Hasta finales de junio de 2025, más de 8,400 personas detenidas fueron liberadas tras comprobarse su inocencia, mientras que se estima que aún quedan más de 8,500 miembros de pandillas sin capturar. Las autoridades calculan que alrededor del 40 % de los integrantes de estas estructuras han huido del país, principalmente hacia Guatemala, México y Estados Unidos.
El régimen de excepción ha sido ampliamente respaldado por el oficialismo, aunque organismos nacionales e internacionales han advertido sobre posibles violaciones a los derechos humanos y la falta de garantías judiciales durante su aplicación.