Asamblea abre convocatoria para elegir nuevo procurador o procuradora de los derechos humanos

La Asamblea Legislativa de El Salvador dio luz verde al inicio del proceso para elegir a la próxima persona que asumirá la titularidad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), una institución clave en la vigilancia y promoción de los derechos fundamentales en el país.

Con 59 votos a favor y mediante dispensa de trámite, los diputados aprobaron el aviso que abre la convocatoria para postularse al cargo. La iniciativa fue presentada por Christian Guevara, jefe de la bancada de Nuevas Ideas, y contó con el respaldo parcial de la oposición. El partido Vamos, sin embargo, optó por abstenerse.

La actual procuradora, Raquel Caballero de Guevara, concluirá su mandato el próximo 15 de octubre, por lo que la Asamblea busca avanzar con tiempo en la selección de su sucesor o sucesora.

Requisitos y proceso de postulación

Los interesados deberán presentar su hoja de vida y la documentación requerida en la recepción de correspondencia del órgano legislativo a más tardar el 15 de agosto, en horario hábil de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. La convocatoria exige el cumplimiento de varios requisitos legales: ser salvadoreño por nacimiento, mayor de 35 años, seglar, poseer título universitario, y contar con reconocida experiencia y compromiso en la defensa, educación y promoción de los derechos humanos, además de una trayectoria profesional intachable.

Asimismo, quienes aspiren al cargo deberán presentar una serie de constancias emitidas por instituciones clave como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General, la Corte de Cuentas, el Tribunal de Ética Gubernamental, la Dirección de Centros Penales y la Policía Nacional Civil. Se requiere además una certificación del Tribunal Supremo Electoral que acredite la no afiliación partidaria y una solvencia fiscal emitida por el Ministerio de Hacienda.

Una función de alta responsabilidad

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos tiene como mandato principal velar por el respeto de las garantías fundamentales en El Salvador. Sus funciones incluyen la investigación de posibles violaciones, la atención a víctimas, la supervisión del funcionamiento de las instituciones públicas y la promoción de reformas legales en esta materia.

También está facultado para realizar inspecciones en centros de detención, vigilar el trato hacia personas privadas de libertad, emitir recomendaciones e impulsar recursos legales o administrativos cuando lo considere necesario para proteger los derechos humanos.

La Asamblea Legislativa será la encargada de evaluar las candidaturas, realizar entrevistas públicas y, finalmente, elegir al próximo titular de la PDDH, un cargo que no solo representa una voz crítica frente a posibles abusos del poder, sino también una figura clave en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.