Aprueban reformas procesales en la Ley Contra el Crimen Organizado

La Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad emitió dictamen favorable para reformar la Ley Contra el Crimen Organizado, con el propósito de aumentar las penas de prisión contra los cabecillas de grupos criminales.

Una de las modificaciones propuestas es el aumento de las penas máximas hasta en una tercera parte para los imputados que sean calificados como «autores mediatos» de crimen organizado. Según Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad, esta reforma está dirigida especialmente a los cabecillas de las pandillas, cuya pena máxima por pertenencia a estas estructuras actualmente es de 45 años de prisión.

Se establece que cuando la Fiscalía considera que fuere necesario realizar actos urgentes que necesiten autorización judicial, por haber riesgo de pérdida o deterioro de las evidencias del delito, el fiscal procederá a su obtención y para ello deberá adoptar de manera motivada las medidas necesarias. En este caso, las someterá a ratificación del juez, dentro de las setenta y dos horas siguientes.

Además, se busca permitir la participación de colaboradores nacionales y extranjeros en operaciones encubiertas durante las investigaciones policiales. También se propone que el acta de entrevista realizada por agentes policiales sea considerada como prueba.

Entre otras modificaciones, se plantea la inclusión de reconocimientos fotográficos como prueba documental para determinar la autoría o participación en un delito. Sin embargo, dicha reforma fue cuestionada por el fiscal general, Rodolfo Delgado, pidió que no sea considerada al momento de la aprobación, porque cualquier tipo de prueba tiene que ser sometida a la valoración de la sana crítica.

La reforma también facilita la obtención de pruebas mediante la confesión del imputado y la posibilidad de nombrar un defensor de oficio o defensor público en caso de que el defensor del imputado no comparezca.

Por otra parte, la magistrada de la Sala de lo Penal, Sandra Luz Chicas, invitada por la Comisión, realizó observaciones a casi todos los artículos de la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado. Una de las observaciones de la magistrada fue la eliminación del plazo límite para el desarrollo de los procesos, la reforma elimina el plazo actual de 24 meses para delitos graves.

Así también, solicitó reconsiderar la reforma que faculta a las partes el poder acordar, total o parcialmente, la admisión y la producción de la prueba; ya que según el Código Procesal Penal la admisión de pruebas es competencia del juez.

Sin embargo, la comisión aprobó el dictamen sin su lectura, se desconoce si se realizaran los cambios solicitados por el fiscal y la magistrada.