Aprueban creación de la Autoridad Nacional Digital

La Asamblea Legislativa aprobó la creación de la Autoridad Nacional Digital, entidad que será encargada de regular el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) dentro de las instituciones públicas y privadas.

La institución será de derecho público, con personalidad jurídica propía, patrimonio propio y con autonomía administrativa y presupuestaria, y centralizará las competencias en materia digital con el  fin de que brinde seguridad jurídica en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Esta instancia sería la competente de aplicar las normas contenidas en tratados internacionales vigentes en El Salvador sobre tecnología, leyes que rigen en esa materia, acceso universal a internet, protección de datos personales, comercio electrónico, firma electrónica, ciberseguridad y otras relacionadas.

Dentro de sus competencias está la verificación de la aplicación de las normas sobre acceso universal a internet, protección de datos personales, comercio electrónico, economía del conocimiento, ciberseguridad y otras relacionadas con su implementación, sus reglamentos; así como para conocer del incumplimiento de las mismas.

La Autoridad ejercerá sus competencias a través de  7 directores (propietarios y suplentes) integrados en una Junta de Directores, nombrados uno por el presidente de la República,  la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Universidad de El Salvador y universidades privadas acreditadas por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, la Asociación gremial más representativa de los empleadores, y otras provenientes de organizaciones y asociaciones que tienen competencia en  materia de tecnologías.

Las atribuciones de la Autoridad están relacionadas a la implementación de las TIC´s y entre estas, deberá proponer al Órgano Ejecutivo la Política Nacional del Uso de Tecnologías, además de verificar la aplicación de las normativas en el uso de las TIC´s, supervisar y vigilar las demandas de modernización de los sujetos obligados en las materias vinculadas al uso de las tecnologías y promover la transición del país a una sociedad y economía basada en la ejecución de estas.