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Amplían vigencia de ley que sanciona a alteración del peso de productos derivados del petróleo
La Asamblea Legislativa prorrogó la Ley Especial Transitoria para Sancionar Infracciones a la Comercialización de Productos Derivados del Petróleo. Originalmente el decreto estaría vigente hasta el próximo 10 de junio, con la prórroga se extiende hasta el 30 de abril de 2023.
El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, justificó que la prórroga busca mantener la vigilancia del Estado; y regular y sancionar los abusos en la distribución y comercialización de los productos del petróleo, relacionados con la cantidad, calidad y precio de la gasolina y el gas licuado. También tiene como propósito garantizar el cumplimiento de las medidas económicas que estableció el Gobierno, meses atrás, a favor de la ciudadanía.
La normativa establece las sanciones y el procedimiento para ser aplicadas por el Ministerio de Economía (MINEC) ante las faltas a la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos del Petróleo,
El documento también establece que se aplicarán sanciones penales contra aquellas personas que no cumplan con la normativa, las cuales están reguladas en el título IX, capítulo II “De los delitos relativos al mercado, la libre competencia y la protección del consumidor” del Código Penal.
La normativa tipifica las conductas ilegales, determina las faltas a la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos del Petróleo, establece sanciones y el procedimiento para que sean aplicadas por el Ministerio de Economía.
Además, mandata que quienes se dediquen a la comercialización de los productos derivados del petróleo deberán permitir las inspecciones de los delegados de la Dirección de Hidrocarburos y Minas para que tomen muestras, realicen pruebas y ensayos, verifiquen pesos, medidas y revisen cualquier tipo de documentación.
Las empresas deberán respetar el precio máximo de venta del gas licuado en cilindros portátiles, de uso doméstico, establecidos por el Ministerio de Economía.
El incumplimiento de estas obligaciones hará acreedora a la empresa de sanciones administrativas, que consisten en multas que van desde los 500 salarios mínimos hasta los $10 mil.
La ley también mandata a los establecimientos a cumplir con la legislación, los reglamentos técnicos centroamericanos, normas y reglamentos técnicos salvadoreños vigentes aplicables; y realizar las actividades respetando las especificaciones de calidad, cantidad y seguridad en ellos establecidas.