Alta Comisionada de la ONU considera que autoridades salvadoreñas violentan estado de derecho

Este día, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, emitió un comunicado de prensa en el cual expresa que el estado de derecho y el orden constitucional del país están siendo socavados en El Salvador a medida que las autoridades implementan medidas para combatir la propagación de la COVID-19.

Bachelet señala que las fuerzas de seguridad salvadoreñas han estado arrestado a personas por presuntamente no observar la cuarentena domiciliar, siendo trasladadas a sedes policiales, centros de cuarentena e instalaciones improvisadas, y detenidas en condiciones a menudo de sobrepoblación y poco higiénicas hasta por 30 días.

Agrega que el Gobierno ha ignorado resoluciones de la Sala de lo Constitucional y Nayib Bukele ha indicado públicamente que no cumplirá con las sentencias judiciales, y en su lugar ha emitido varios decretos ejecutivos para hacer cumplir la cuarentena.

“El derecho internacional permite a los gobiernos restringir algunos derechos cuando se enfrentan a una emergencia como la causada por la COVID-19. Sin embargo, estas medidas deben ser necesarias y proporcionales. Estas deben además estar en concordancia con la Constitución y las normas y estándares internacionales de derechos humanos. También debe haber supervisión judicial y legislativa vinculante para el poder ejecutivo, y el ejecutivo debe acatarla. Me preocupa que este no ha sido el caso en El Salvador y que el gobierno está, por consiguiente, faltando a los principios fundamentales del estado de derecho”, expreso Bachelet.

“Además, incluso en un estado de emergencia, algunos derechos fundamentales no pueden restringirse ni suspenderse, entre ellos el derecho a no sufrir malos tratos y la garantía fundamental contra la detención arbitraria. Hago un llamado a las autoridades para que investiguen todas las presuntas violaciones de los derechos humanos en el contexto de la aplicación de las medidas para luchar contra la COVID-19 y que pongan inmediatamente en libertad a todos los detenidos arbitrariamente luego de haber sido examinadas médicamente. El incumplimiento de las decisiones de la Sala de lo Constitucional equivale a una falta de observancia de la Constitución y una violación de las obligaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo la igualdad de todas las personas ante la ley”, agregó.