ALGUNAS PERSPECTIVAS FISCALES DE EL SALVADOR EN 2019

Por: Hugo Roldán, economista investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). 

Recientemente, el Ministerio de Hacienda presentó los resultados finales del ejercicio fiscal 2018 para el Sector Público No Financiero (SPNF), y que muestran los esfuerzos que la sociedad salvadoreña ha realizado en los últimos años para consolidar sus finanzas públicas.  No obstante, las cifras muestran que aún persiste un muy alto riesgo de no poder lograr desactivar el dinamismo que tiene la acumulación de deuda pública que continuó registrando una trayectoria creciente, muy a pesar de haber logrado el aumento de los ingresos tributarios, los que conforme a los datos oficiales alcanzaron el 18.3% del PIB al final de 2018, por encima del 18.0% que se registró en 2017.

Además de la mejora en los ingresos públicos, los esfuerzos por reforzar la estabilidad de las finanzas públicas, se habían reflejado también en la reducción del gasto del SPNF que registró 25.3% del PIB en 2017. Sin embargo, la relajación manifestada en 2018, muy posiblemente como consecuencia de la vigencia del proceso electoral, produjo una elevación del gasto hasta el 25.7% del PIB y del déficit fiscal hasta el 2.7% del PIB.

El déficit fiscal de 2018, si bien es cierto, es inferior  a la gestión del Gobierno previo, sí implica un incremento respecto del 2.5% mostrado en 2017.   Afortunadamente, el impacto sobre las finanzas públicas en 2018 no fue más significativo, debido a la contracción del aporte gubernamental para el sostenimiento del fondo de pensiones, que bajó hasta el  1.4% del PIB, lejos del 2.1% que se había aportado en promedio en los años anteriores.

Conforme la última publicación del BCR, la deuda pública se percibe estancada entre 2017 y 2018 en 69.4% del PIB, producto de la confección de presupuestos con el propósito de alcanzar la sostenibilidad de dicha variable.   Derivado de ello, la pregunta obligatoria que deberá responder el nuevo Gobierno será, ¿es posible desactivar el fuerte nivel de endeudamiento en los próximos años, logrando una reversión en el mismo, y sobre todo, sin realizar un ajuste que impacte directamente en la población?  Esto es sin nuevas reducciones del gasto social y de la inversión pública, que le ha restado dinámica y competitividad a la actividad económica del país.

El marco de referencia de la gestión pública, la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) que fue aprobada por la Asamblea Legislativa en 2016 (Decreto Legislativo No. 533) y reformada en 2018 (según Decreto Legislativo No. 188) teniendo como herramienta las nuevas cuentas nacionales, establece los niveles de ingresos, de gastos y de deuda que debiera reportar el Gobierno de El Salvador para garantizar la sostenibilidad de mediano y largo plazo.

No obstante, los resultados observados dejan evidente que no está del todo claro de cómo se puede aumentar la carga tributaria de 18.3% (actual) al 18.7% (2028); y cómo se puede reducir aún más el gasto de consumo y el de remuneraciones. Tampoco está claro cómo lograr la reducción del gasto del sistema previsional, fijado en 0.6% de PIB en 10 años. Además, los gastos de 2018 distan mucho del Marco Fiscal de Mediano y Largo Plazo 2018-2028 que se presentó con el presupuesto 2019, en donde se estableció que el gasto debió ser del 24.3% del PIB,muy por debajo del 25.7% realizado.

Es válido decir entonces, que la nueva administración afrontará el reto del reordenamiento fiscal, el cual solo podrá empezar a ejecutar hasta 2020, dado que en junio que tome posesión se tendrán ejecutados los primeros seis meses del presupuesto público para este año y los siguientes seis registrarán la inercia actual.

Lo único que es evidente,  es la reducción de los ingresos tributarios debido a no poder reproducir los $92.7 millones (0.36% de PIB) recaudados con la amnistía tributaria en 2018; así como por la falta de aplicación del impuesto a las operaciones financieras que recaudó $89.3millones (0.34% del PIB) de los cuales únicamente $33.5millones son acreditables, producirán una contracción de alrededor del 0.7% del PIB en la recaudación tributaria, lo que deja mucho más lejos la meta establecida en la política del Gobierno.

En la realidad, la llegada del nuevo Gobierno produce más riesgo moral para un aumento del gasto público en los primeros seis meses, debido al intento de concluir las gestiones públicas de las autoridades salientes, lo que aunado al escenario de baja recaudación tributaria, podrían producir una elevación transitoria del déficit fiscal al final de junio de 2019. Esta situación podría motivar al nuevo Gobierno que tomará posesión en el segundo semestre de 2019, a adoptar fuertes medidas de contención del gasto gubernamental  para tratar de retomar la trayectoria de control de la deuda,  el cual se espera que ya no descanse en el recorte del gasto social y de los servicios públicos de interés para todos los salvadoreños.