ALAC Y CRISTOSAL denuncian al Estado por destitución de Sala de lo Constitucional

Según un comunicado de prensa, este día Cristosal y el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), en representación de los magistrados de la Sala de lo Constitucional destituidos el 1 de mayo, presentaron una denuncia contra el Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

«La remoción de los magistrados de la Sala de lo Constitucional constituyó un golpe al sistema de frenos y contrapesos y a la independencia de órganos, provocando una desprotección a la ciudadanía que se va agudizando cada vez más», señala Cristosal.

En la denuncia se solicita que la CIDH condene al Estado salvadoreño y ordene reparar el daño provocado, reinstalando en sus cargos a los magistrados y magistrada de la Sala de lo Constitucional destituidos el 1 de mayo. De igual forma, pide como medidas cautelares la restitución a sus cargos de los funcionados destituidos indebidamente.

En el documento se expone que «[s]e les aplicó una destitución sumarísima como sanción por la supuesta comisión de infracciones que no se encuentran tipificadas en ninguna ley formal salvadoreña. En un claro abuso del poder de la mayoría, el grupo legislativo oficialista y legisladores afines privaron a los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de sus derechos sin respetar las garantías procesales más elementales».

Las organizaciones exponen que el 1 de mayo de 2021 con los votos de 64 diputados y diputadas del partido en el gobierno y afines, se aprobó el decreto de destitución inconstitucional de los magistrados y magistrada de la Sala de lo Constitucional, e inmediatamente se nombró a nuevos magistrados sin cumplir con los procedimientos establecidos para la elección de estos funcionados y funcionarias.

«Las formas atropelladas que dieron lugar a estas decisiones apuntan a que fueron una maniobra política maquinada por el oficialismo para tomar por asalto los órganos de control que no le eran genuflexos y, así, colocar piezas afines», aseguran.

Con esta acción ALAC y Cristosal esperan que se activen los mecanismos internacionales disponibles que ayuden a corregir los efectos de la decisión inconstitucional y violatoria de derechos humanos tomada por la bancada oficialista de la Asamblea Legislativa el 1 de mayo y que han traído a la ciudadanía la desprotección, incertidumbre y retroceso del Estado de Derecho en El Salvador.