Advierten desmejora en la calidad de la jurisprudencia constitucional

Una desmejora en la calidad de la jurisprudencia constitucional es el principal retroceso señalado en el informe “Justicia en pausa” sobre los primeros 100 días de la Sala de lo Constitucional presentado por un conjunto de organizaciones apoyadas por la Agencia Alemana de Cooperación GIZ.

Con el objetivo de detectar continuidades, retrocesos y avances en los criterios jurisprudenciales ya consolidados de la Sala, se presentó el informe «Justicia en Pausa: Primeros 100 días de la Sala de lo Constitucional de El Salvador».

Además, analizó las medidas administrativas y organización interna de la Sala que tuvieron impacto real o potencial sobre la protección de los derechos y libertades de las y los salvadoreños, particularmente, sobre el derecho de acceso a la justicia. 

El informe fue presentado por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Fundación DTJ, el Instituto Interamericano de Derecho Constitucional y Fundación Cristosal.

El informe señala que desde la conformación de la Sala del 1 de mayo de 2021, no solo se advierten graves cambios en la jurisprudencia consolidada por años, sino que también se advierten cambios relativos al funcionamiento interno de este alto tribunal.

En cuanto a los cambios en la estructura interna de la Sala de lo Constitucional, se han producido traslados de personal hacia otras dependencias administrativas de la CSJ o hacia otros tribunales.

«Asimismo, aunque la Sala sesionaría tres veces a la semana, no se aprecia una baja relevante de la mora judicial, a pesar de ser una de sus consignas principales, según se desprende de sus anuncios en redes oficiales y de entrevistas concedidas a medios de comunicación», señala el informe.

En lo referido al contenido de su jurisprudencia, el informe señala que se ha evidenciado retrocesos en los pronunciamientos de la actual conformación de la Sala de lo Constitucional que muestran una desmejora en la calidad de la jurisprudencia, ya sea porque establecen requisitos o condiciones con un rigor más altos en el acceso a la jurisdicción, debilitan al control de constitucionalidad que se desarrolla mediante los procesos constitucionales y dificultan o bloquean la impugnación de la actuación pública por violaciones a la Constitución, entre otros aspectos.

Los retrocesos más graves identificados por el informe incluye pronunciamientos emitidos en los procesos de inconstitucionalidad en los que se han reducido las posibilidades de impugnación de los vicios procedimentales en el proceso de formación de ley, la inadecuada comprensión y alcance del principio de razonabilidad para controlar las facultades legislativas de elección de funcionarios/as y la grave afirmación de que existen zonas exentas de control constitucional.

Se advierten también retrocesos en los procesos concretos, es decir, amparos y hábeas corpus, respecto de la garantía del principio de imparcialidad, pues se detectó que magistrados/as actuales han conocido de casos y han suscrito resoluciones pese a que existían motivos serios y razonables que les debía haber obligado a abstenerse de ello.

Así, cualitativamente, los retrocesos evidenciados se muestran como una desmejora grave en el acceso a la jurisdicción constitucional y el debilitamiento de los procesos constitucionales como mecanismos de control del actuar público robustos y eficaces.