Acción Ciudadana señala insuficientes asignaciones presupuestarias a entidades de control

Un bajo presupuesto a las instituciones de control puede conllevar consecuencias negativas a la población, es una de las conclusiones a las que llega el informe: «Asignación presupuestaria a instituciones de control. Periodo 2015-2022», realizado por Acción Ciudadana.

Dicho informe tiene como objetivo el comparar y analizar el historial de los presupuestos asignados y ejecutados a las instituciones de control, y detectar si es apuesta del gobierno volver más eficientes los controles al poder político.

Acción Ciudadana señala que el Presupuesto General de la Nación aprobado para el año 2022 por la Asamblea Legislativa, no prioriza el fortalecer el financieramente a las instituciones fiscalizadoras con asignaciones presupuestarias mayores, esto al observar que los presupuestos no han tenido una variación significativa desde 2020.

Por el contrario, se identifica una disminución de los presupuestos de las instituciones de control cuyo rol principal es la tutela de derechos y defensa de la familia, pueden derivar en un detrimento en el área de atención a víctimas.

«[…] las asignaciones presupuestarias 2022 para las instituciones de control podrían resultar insuficientes para atender adecuadamente la demanda social de servicios estatales, pudiendo derivar en afectaciones a los derechos de la población al no contar con instituciones públicas que investiguen y juzguen los delitos de manera oportuna, fiscalicen los fondos públicos para evitar la corrupción o permitan el acceso a la información de forma efectiva».

Acción Ciudadana explica que aunque a nivel regional El Salvador es el segundo país que asigna más presupuesto a las instituciones de control, esto se debe al mandato constitucional que regula un 6% del presupuesto para la Corte Suprema de Justicia cada año.

Advierten que aunque la Fiscalía General de la República es una de las instituciones fiscalizadoras con mayor presupuesto asignado, no cubre su necesidad presupuestaria para ser más eficiente en la persecución penal.