Acción Ciudadana presenta informe sobre declaraciones patrimoniales de servidores públicos

Este día la Asociación Acción Ciudadana presentó un informe sobre las declaraciones patrimoniales de funcionarios y empleados públicos. El estudio fue realizado por el Observatorio Ciudadano a la Fiscalía General de la República de Acción Ciudadana en su seguimiento a la obligación de los funcionarios y empleados públicos que por Constitución deben declarar su estado patrimonial como medida de prevención de enriquecimiento ilícito.

Según la asociación el estudio muestra datos sobre el número de declaraciones presentadas, funcionarios que no la hubieran presentado o lo hicieron extemporáneamente, así como el número de sanciones impuestas por incumplir la obligación.

La estrategia metodológica aplicada en el presente informe tuvo como punto de partida la identificación del objeto y sujeto de estudio, junto con el periodo a analizar. Sobre el primer aspecto, el objeto de investigación son las Declaraciones de Patrimonio (DP) que deben ser presentadas por los distintos servidores públicos.

En cuanto los sujetos, se estableció que fueran algunos de los obligados por la Ley Sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, específicamente los pertenecientes al Órgano Ejecutivo y Legislativo1 . Sobre la delimitación temporal, se estableció la siguiente: a) Órgano Ejecutivo quinquenio 2014-2019, b) Órgano Ejecutivo quinquenio 2019-2024, c) Órgano Legislativo en la legislatura 2015-2018 y d) Órgano Legislativo en la legislatura 2018-2021.

Dentro de los resultados del informe está que dentro del Órgano Ejecutivo en el quinquenio 2014-2019 se encuentran 283 declaraciones de patrimonio de cese de funciones sin presentar concentradas en las siguientes instituciones: a) Ministerio de la Defensa Nacional, b) Ministerio de Relaciones Exteriores, c) Ministerio de Salud y d) Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.

Otro dato que arroja el estudio es que la Corte Suprema de Justicia en el período 2014-2019, impuso 287 multas a funcionarios y empleados públicos, desglosadas de la siguiente manera: 38 empleados o funcionarios pertenecientes a instituciones autónomas o gobierno central, 182 a miembros de concejos municipales, 45 empleados o funcionarios del Órgano Judicial y 22 diputados. Así tambien, de los procedimientos sancionadores realizados por la Corte Suprema de Justicia en el período 2014-2019, existen 613 casos activos en dicha institución, es decir, aquellos que se encuentran aún pendientes de resolución final.

Consulte el informe completo a continuación: 

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