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Abogados: la Firma Electrónica es clave tras las reformas a la Ley de Notariado. Te decimos cómo tramitarla
Los abogados y notarios salvadoreños deben contar con una Firma Electrónica Certificada para Profesionales, un nuevo requisito derivado de las reformas a la Ley de Notariado, orientadas a modernizar el ejercicio de la función notarial en El Salvador.
La actualización responde a la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas seguras que garanticen la autenticidad y validez jurídica de los documentos electrónicos, fortaleciendo la seguridad en los procesos notariales.
Requisitos para obtener la Firma Electrónica Certificada
Para tramitar la Firma Electrónica Certificada, los profesionales del Derecho deberán acudir a un proveedor autorizado y presentar los siguientes documentos:
Documento Único de Identidad (DUI) vigente.
Tarjeta de Identificación de la Abogacía vigente.
Acuerdo de autorización para ejercer la función notarial o constancia de rehabilitación, según corresponda.
Constancia de notario activo o rehabilitado, emitida por la autoridad competente.
Los proveedores autorizados son UANATACA, el Banco Central de Reserva (BCR) y PBS El Salvador.
Este trámite permitirá a los abogados mantener su habilitación para ejercer funciones notariales y adaptarse al proceso de digitalización jurídica que avanza en el país.
La Corte Suprema de Justicia impulsa la modernización del sistema notarial
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) recordó la importancia de cumplir con este nuevo requisito, ya que la Firma Electrónica Certificada será indispensable para validar documentos y actuaciones notariales conforme al nuevo marco legal.
Según la CSJ, la medida forma parte de un proceso de modernización institucional que busca mejorar la eficiencia, transparencia y trazabilidad en los servicios notariales, alineando a El Salvador con los estándares internacionales de certificación digital.
Hacia una práctica notarial más moderna y segura
Las reformas a la Ley de Notariado abren la puerta a una transformación digital del ejercicio jurídico, donde la firma electrónica garantizará la seguridad de la información y reducirá los tiempos de gestión.
Los profesionales del Derecho que aún no cuentan con su firma pueden iniciar el proceso ante los proveedores de certificación acreditados, asegurando así su cumplimiento con la normativa y la continuidad en el ejercicio de su labor notarial.