La comisión de seguridad nacional y justicia de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el dictamen favorable para los proyectos de ley relacionados con la ciberseguridad y la protección de datos personales.

Los diputados debatieron y escucharon las exposiciones del secretario de Innovación de la Presidencia, Daniel Ernesto Méndez Cabrera, quien detalló los objetivos de ambas normativas.

La Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información tiene como fin establecer un marco legal y político que permita a las instituciones públicas regular, vigilar y fiscalizar las medidas de ciberseguridad. Méndez explicó que esta ley busca estructurar las políticas de protección de datos y asegurar que las entidades gubernamentales cuenten con las herramientas necesarias para proteger la información que manejan.

Por su parte, la Ley de Protección de Datos Personales tiene el objetivo de garantizar el tratamiento legítimo de los datos personales, estableciendo los requisitos para su recolección, procesamiento y almacenamiento. Méndez subrayó que esta ley permitirá a los ciudadanos pedir la eliminación de datos personales de los buscadores de información en línea, especialmente cuando estos datos sean filtrados o compartidos sin su consentimiento.

“Con la Ley de Protección de Datos Personales combinada con la Ley de Ciberseguridad, podremos solicitar a los buscadores que eliminen información que no queramos que esté disponible públicamente”, afirmó Méndez, quien también explicó que ambas leyes permitirán la creación de la Agencia de Ciberseguridad del Estado, un organismo que será responsable de supervisar y regular las políticas en materia de ciberseguridad y protección de datos personales.

El funcionario destacó que esta agencia será clave para garantizar los derechos de los ciudadanos salvadoreños, tanto en la protección de sus datos personales como en la seguridad de la información manejada por las instituciones públicas y privadas. Según Méndez, la nueva legislación establecerá los protocolos mínimos que deberán seguirse para proteger la seguridad de la población y la integridad de sus datos.

La inversión privada en el Centro Histórico de San Salvador sigue en aumento, alcanzando los $106 millones en 37 proyectos que abarcan más de 20 manzanas de la zona, según informó Edwin Ramírez, director de Modernización del Centro Histórico y directivo de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico (APLAN).

La inversión, que representa un avance del 30% en el proceso de revitalización de las 80 manzanas del área, promete transformar la zona y generar nuevas oportunidades económicas.

Ramírez compartió los detalles durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, en respuesta a una pregunta del diputado Edgardo Mulato sobre los avances desde la implementación de la Ley de Creación de la APLAN.

El funcionario destacó que, además de las inversiones en infraestructura, diversas franquicias y empresas nacionales e internacionales están apostando por el Centro Histórico, lo que contribuirá a su reactivación.

Entre las marcas que se sumarán están cadenas internacionales de restaurantes y hoteles.
La APLAN tiene como objetivo reducir progresivamente el financiamiento proveniente del Fondo General del Estado y depender cada vez más de los fondos generados por estas iniciativas privadas en el Centro Histórico.

Además, las solicitudes de permisos para los proyectos se tramitan con eficiencia, con un plazo máximo de 90 días para su aprobación.

Ramírez también enfatizó que la inversión en la zona no sólo busca transformar el paisaje urbano, sino que también tiene un componente social importante.

Con la construcción de mercados como el de Hula Hula y San Miguelito, se busca ofrecer alternativas laborales a los 70,000 trabajadores informales que actualmente desempeñan su actividad en las calles del Centro Histórico.

A partir del martes 12 de noviembre, los precios de los combustibles experimentarán una reducción de hasta $0.08 por galón, según informó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).

Esta variación impactará tanto a la gasolina regular como a la gasolina superior y al diésel, con ajustes en todo el país.

La gasolina regular tendrá una disminución de $0.08 en su precio a nivel nacional, quedando con un costo promedio de $3.61 por galón en la zona central, $3.62 en el occidente y $3.66 en el oriente del país.

En cuanto a la gasolina superior, el precio bajará en $0.05 por galón, alcanzando los $3.69 en la zona central, $3.70 en occidente y $3.74 en la zona oriental.

Por su parte, el precio del diésel disminuirá en $0.04 por galón, con precios que oscilarán entre $3.40 en la zona central, $3.41 en el occidente y $3.45 en el oriente.

Estos nuevos precios estarán vigentes desde el 12 hasta el 25 de noviembre de 2024, ya que en El Salvador los precios de los combustibles se ajustan cada quincena.

Según la DGEHM, esta disminución en los precios locales está relacionada con un aumento en las reservas de petróleo a nivel mundial, lo que ha generado una caída en los precios internacionales de los hidrocarburos.

El ministro de Obras Públicas, Romero Rodríguez, confirmó este lunes que las fotomultas comenzarán a aplicarse a partir de la próxima semana en el Bulevar Monseñor Romero, luego de las últimas pruebas realizadas a las cámaras inteligentes y semáforos del sistema.

En una entrevista para la radio YSKL, Rodríguez detalló que la semana en curso se dedicará a realizar las últimas revisiones al sistema antes de su activación completa. “Esperamos que a más tardar, a finales de la próxima semana, iniciemos con el primer corredor, que será el Bulevar Monseñor Romero, y las fotomultas comenzarán a funcionar”, indicó el ministro.

El nuevo sistema de fotomultas, que incluye semáforos inteligentes y cámaras de vigilancia, está diseñado para reducir los siniestros viales en el país.

Según Rodríguez, esta tecnología ayudará no solo a regular el tráfico, sino también a disminuir la cantidad de accidentes de tránsito. “Queremos hacer una última revisión esta semana y, una vez finalizado ese proceso, comenzaremos a implementar este sistema que mejorará la seguridad vial”, explicó.

El sistema de fotomultas captará automáticamente los datos de la placa de los vehículos que infrinjan las normas de tránsito, generando una base de datos con las faltas cometidas. Un equipo autorizado será el encargado de revisar esta información y determinar si se cometió una infracción. En caso afirmativo, la multa será notificada al conductor por correo electrónico.

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, había explicado previamente que las fotomultas se aplicarán a aquellos vehículos que no respeten las señales de tránsito, incluidos los límites de velocidad, el peso máximo permitido en vehículos de carga y el respeto de carriles.

¿Cómo apelar una fotomulta?

En cuanto al proceso de apelación de las multas, el ministro Rodríguez explicó que los conductores tendrán un plazo de 3 a 5 días hábiles para presentar su apelación, ya sea de manera presencial en las instalaciones del Viceministerio de Transporte (VMT) o a través de un proceso electrónico.

Aunque los detalles sobre el sistema electrónico de apelación aún no han sido proporcionados, se espera que esté disponible pronto.

Para evitar las fotomultas, los conductores deberán cumplir con tres principales regulaciones:

Respetar los límites de velocidad: En el Bulevar Monseñor Romero, el límite de velocidad será de 90 km/h en tramos rectos y de 70 km/h en intersecciones.

No exceder el peso permitido en vehículos de carga: El sistema utilizará básculas dinámicas ocultas para verificar el peso de los camiones en movimiento. Estas básculas no son visibles para los conductores, pero permitirán detectar si el vehículo sobrepasa el límite permitido, alertando al centro de monitoreo.

Respetar los carriles establecidos: El sistema también vigilará que los conductores respeten los carriles correspondientes según el tipo de vehículo que conducen.

Próximos pasos

Una vez que las fotomultas entren en operación en el Bulevar Monseñor Romero, el Ministerio de Obras Públicas tiene planeado extender su implementación a otros puntos clave, como la autopista al aeropuerto internacional y la carretera hacia el puerto de La Libertad, como parte de un esfuerzo para modernizar el control del tránsito y reducir los accidentes viales en El Salvador.

La Corte Suprema de Justicia, en un esfuerzo por divulgar los derechos y deberes legales de los ciudadanos, ha resaltado las diversas causas por las cuales se puede solicitar el divorcio, entre ellas, la denominada «vida intolerable».

Según la ley, si un matrimonio afecta la salud física o emocional de alguno de los cónyuges, este puede ser un motivo válido para disolver el vínculo matrimonial.
El divorcio puede ser solicitado por distintas razones, entre las cuales se incluyen:

1. Mutuo consentimiento: Cuando ambas partes están de acuerdo en la disolución del matrimonio.
2. Separación de los cónyuges: En caso de que los cónyuges hayan estado separados por un año o más.
3. Vida intolerable: Situaciones donde la convivencia en el matrimonio se vuelve insostenible y perjudica gravemente la salud de alguno de los cónyuges.
4. Incumplimiento grave de los deberes conyugales: Incluye la falta de igualdad de derechos y deberes, la ausencia de convivencia, la infidelidad, y la falta de apoyo mutuo en todas las circunstancias.
5. Mala conducta notoria: Cuando uno de los cónyuges pone en peligro la salud física o emocional del otro, debido a conductas dañinas o abusivas.
6. Cualquier otro hecho grave: Cualquier otro acontecimiento que se considere suficientemente grave y similar a los anteriores para justificar la disolución del matrimonio.

La Corte subraya que el derecho al divorcio está protegido por la ley y busca asegurar que las personas puedan vivir en condiciones saludables y respetuosas dentro de sus relaciones conyugales.