El Salvador podría concretar un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por aproximadamente $1,400 millones en diciembre, según fuentes cercanas a las negociaciones, reveló la agencia Bloomberg. 

Este acuerdo formaría parte de un programa trienal que está siendo negociado entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y el organismo internacional.

El personal del FMI tiene programada una visita al país el próximo mes, momento en el que se espera ultimar los detalles del acuerdo. Sin embargo, el pacto final dependerá de la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI.

El plan implicaría un ajuste fiscal significativo, estimado en 3.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), con un recorte del gasto público y un aumento en los ingresos. 

Durante el primer año del programa, se espera que el ajuste sea de alrededor del 1.5% del PIB, según una fuente gubernamental.

Además del financiamiento del FMI, El Salvador podría acceder a préstamos adicionales de $1,000 millones del Banco Mundial y cerca de $800 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reforzando así su estrategia financiera.

Las negociaciones con el FMI han enfrentado desafíos desde que El Salvador adoptó el bitcoin como moneda de curso legal en 2021. El organismo ha expresado preocupaciones respecto a la exposición del sector público a esta criptomoneda, recomendando regulaciones más estrictas y una menor dependencia.

El gobierno salvadoreño afirma poseer 5,940 bitcoins, valorados en más de $500 millones a precios actuales, aunque el dólar estadounidense sigue siendo la principal moneda en uso cotidiano en el país.

El mes pasado, El Salvador emitió $1,000 millones en bonos a 30 años, lo que ha elevado el valor de su deuda en los mercados financieros. La expectativa de un acuerdo con el FMI ha otorgado un rendimiento del 20% a los inversionistas en los últimos tres meses, según datos de Bloomberg.

La directora de comunicaciones del FMI, Julie Kozack, comentó recientemente que muchos de los riesgos asociados al uso del bitcoin no se han materializado, pero el organismo sigue recomendando ajustes en las políticas relacionadas.

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) anunció un incremento significativo en sus operaciones de transporte aéreo y marítimo hasta el 17 de noviembre de 2024. 

Según la institución, el Aeropuerto Internacional de El Salvador atendió más de 40,400 vuelos de pasajeros, reflejando un crecimiento del 11 % en comparación con el mismo periodo de 2023.

En cuanto al transporte de carga, la terminal aérea registró un aumento del 22 % en la movilidad de mercancías, movilizando más de 30.6 millones de kilogramos de importación y exportación. Este crecimiento reafirma la importancia del aeropuerto como un centro clave para el comercio regional.

Por otro lado, el Puerto de Acajutla también reportó avances positivos. CEPA informó la movilización de más de 4.7 millones de toneladas métricas de importación y exportación, así como un aumento del 2.9 % en la movilidad de contenedores y del 1.5 % en la unidad equivalente a 20 pies (TEU) en comparación con 2023.

“Estos resultados reflejan el compromiso de nuestras operaciones con el desarrollo económico y el comercio exterior de El Salvador”, destacó CEPA, subrayando el impacto de las mejoras en infraestructura y procesos logísticos.

El balance positivo en ambas terminales posiciona a El Salvador como un actor relevante en el comercio internacional y fortalece su conectividad en la región.

El sistema de fotomultas, que se esperaba poner en marcha esta semana y que se viene anunciando desde septiembre, tendrá que seguir esperando debido a que aún se encuentran trabajando en un paquete de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Así lo informó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.

Rodríguez explicó que, aunque ya se han realizado todas las pruebas necesarias en el bulevar Monseñor Romero, el sistema aún no está activo. 

“Queremos asegurarnos de informar adecuadamente a toda la población salvadoreña antes de su puesta en marcha. Estamos trabajando en reformas que enviaremos pronto a la Asamblea Legislativa”, dijo el ministro en una entrevista televisiva.

Uno de los puntos clave de las reformas es el uso de la tecnología, como el sistema de fotomultas. Rodríguez señaló que el objetivo es evitar posibles quejas o confusiones entre los ciudadanos. 

“El sistema identificará la placa del vehículo, y la multa será asignada al propietario. Estamos ajustando detalles para garantizar que no haya inconvenientes y que todo quede claro para la población”, destacó.

En cuanto a los avances del sistema, el ministro aseguró que ya está listo para ser implementado en diversas arterias clave, como la autopista al aeropuerto internacional, la carretera al Puerto de La Libertad, y el bulevar Los Héroes, entre otras. 

“Las señalizaciones horizontales y verticales ya están siendo instaladas en lugares como la Manuel Enrique Araujo y el Paseo General Escalón”, detalló.

Aunque el sistema ya funciona internamente en áreas clave como la capital, San Miguel, Santa Ana y Sonsonate, el gobierno tiene previsto implementarlo por etapas. 

“Comenzaremos con el bulevar Monseñor Romero para que la población pueda familiarizarse con el funcionamiento del sistema, y luego avanzaremos hacia Comalapa, la carretera al Puerto de La Libertad y otras vías importantes”, explicó Rodríguez.

El ministro señaló que, una vez enviadas y aprobadas las reformas en la Asamblea Legislativa, se podrá proceder con la activación total del sistema de fotomultas en el país.

La tormenta tropical Sara, que afectó a El Salvador entre el 16 y el 18 de noviembre, dejó pérdidas en el sector cafetalero del país por un total de 40,000 quintales de café, lo que representa aproximadamente un 4.4 % de la producción esperada para el ciclo 2023-2025. 

Según un informe preliminar de la Asociación Cafetalera de El Salvador (Acafesal), las lluvias intensas provocadas por Sara, junto con la influencia de una Zona de Convergencia Intertropical, fueron la causa principal de estas pérdidas. 

En algunas áreas, como Juayúa, en Sonsonate, se registraron hasta 90 mm de lluvia, mientras que en San Pedro Nonualco, La Paz, las precipitaciones alcanzaron los 93 mm.

El presidente de Acafesal, Sergio Ticas, destacó que las pérdidas aún no se pueden confirmar completamente, ya que productores en zonas altas como Chalatenango no pudieron acceder a sus fincas hasta el 19 de noviembre debido a las condiciones del clima. 

Ticas explicó que el principal impacto de la tormenta fue la caída de granos maduros que se rajaron por el exceso de humedad, lo que afectó la calidad del café. Las zonas más afectadas incluyen San Vicente, Ahuachapán, Santiago de María (Usulután), Berlín (Usulután), Comasagua (La Libertad) y Chalatenango.

El 75 % de la producción de café en El Salvador proviene de fincas de bajío o mediana altura, que iniciaron la cosecha del ciclo 2024-2025 en octubre. 

Por otro lado, las fincas ubicadas entre 1,200 y 1,600 metros sobre el nivel del mar comenzarán a cosechar a partir de diciembre. 

Sin embargo, los caficultores enfrentan dificultades adicionales, ya que la escasez de mano de obra en el sector dificulta la recolección de los granos caídos. La migración y la búsqueda de empleos más rentables han contribuido a una menor disponibilidad de trabajadores en las zonas rurales.

Además de las pérdidas inmediatas, los caficultores temen que el cambio brusco de temperaturas tras la tormenta favorezca la propagación de plagas como la roya y la broca, que históricamente han afectado gravemente la producción. 

El último brote significativo de roya en el ciclo 2012-2013 redujo la producción de café de El Salvador de más de 1.7 millones de quintales a solo 700,000 quintales en el ciclo siguiente. 

Aunque la cosecha 2023-2024 se estima en más de 893,000 quintales, lo que representa un aumento del 1.8 % respecto a la cosecha anterior, el sector cafetalero sigue sin recuperarse totalmente de las pérdidas anteriores. Acafesal ha solicitado al Instituto Salvadoreño del Café (ISC) que emita recomendaciones para mitigar los daños y prevenir nuevos brotes de enfermedades en los cultivos.