En el marco de la celebración por su 15º aniversario, la Revista Derecho y Negocios se prepara para una de las noches más importantes del año con la entrega de los Premios DyN 2024. Entre las categorías más esperadas se encuentra la de Firma con Mayor Crecimiento, que destaca a aquellas firmas legales que han experimentado un notable ascenso en tamaño, alcance y calidad de sus servicios.

Este galardón reconoce a los despachos que han logrado un crecimiento sobresaliente, ya sea a través de la expansión geográfica, el aumento de abogados o el incremento en el volumen de trabajo. Firmas jóvenes y dinámicas, así como aquellas con una larga trayectoria que han logrado reinventarse, competirán en esta categoría, mostrando la diversidad y el dinamismo del panorama legal en El Salvador.

El Comité de Evaluación de los Premios DyN se centrará en identificar a la firma que no solo haya crecido en números, sino que también haya demostrado un compromiso con la excelencia, el servicio al cliente y su impacto positivo en la sociedad. La gala, que tendrá lugar el 30 de octubre, promete ser un evento inolvidable en el que se celebrarán los logros de los líderes y las firmas más destacadas del mundo jurídico y empresarial.

No te pierdas la revelación del ganador en esta categoría clave, que refleja la evolución y el liderazgo en el sector legal, en un evento de impacto en los 15 años de excelencia de la Revista Derecho y Negocios.

Los diputados de la comisión de hacienda y especial del presupuesto de la Asamblea Legislativa recibieron este viernes a los miembros del gabinete de seguridad para discutir la asignación propuesta para el 2025.

En la reunión, los ministros de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, y de Defensa, René Merino Monroy, expusieron los lineamientos y necesidades de sus respectivas carteras. Gustavo Villatoro abrió la sesión presentando los logros en materia de seguridad.

Destacó una reducción histórica en la tasa de homicidios, que pasó de 104 por cada 100,000 habitantes en 2015 a 2.4 en 2023, gracias a la implementación del Régimen de Excepción.
“En lo que va del año, tenemos una tasa de 2.1 por cada 100,000 habitantes y esperamos que baje aún más”, afirmó Villatoro, enfatizando el compromiso del gobierno por mantener la seguridad en el país.

Para el año 2025, se ha asignado un presupuesto de $584.98 millones al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, destinado a sostener los niveles de seguridad alcanzados.
A continuación, Merino Monroy, presentó el presupuesto de su ministerio, que asciende a $314,363,162.

Destacó las recientes incautaciones de drogas realizadas por la Fuerza Armada, lo que ha tenido un impacto positivo en la seguridad del país.

Detalló que el 83% de su presupuesto se destinará a salarios y remuneraciones, mientras que el restante se distribuirá en bienes y servicios, gastos financieros, transferencias e inversiones.

Más tarde, la comisión recibió al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, quien agradeció al Ejecutivo y a la Asamblea por su apoyo en el combate a la impunidad.

Delgado destacó la necesidad de un presupuesto adecuado de $142,315,472 para fortalecer y modernizar la Fiscalía General de la República. Resaltó que, por primera vez, El Salvador contará con su propio centro de intervención en telecomunicaciones, una deuda histórica que se había heredado.

Sin embargo, el fiscal también señaló un déficit presupuestario de $24,872,572 y solicitó una adición de $17,012,691 para cumplir con compromisos relacionados con la construcción de nuevas oficinas centrales.

Servidores públicos judiciales de la jurisdicción de lo contencioso administrativo comenzaron este viernes el diplomado de “derecho de competencia”, como parte de un esfuerzo conjunto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Superintendencia de Competencia, que busca fortalecer los conocimientos teóricos y prácticos para una mejor aplicación de los aspectos legales relacionados a esta materia.

El diplomado, informó la CSJ, brindará una comprensión profunda de las “prácticas anticompetitivas prohibidas y el control de concentraciones económicas establecidos en la Ley de Competencia de El Salvador”, incluyendo su identificación y consecuencias, así como los principios básicos de economía necesarios para realizar un análisis del derecho de competencia.

El presidente de la Corte, Henry Alexander Mejía, quien participó de la inauguración de la capacitación, pidió a los asistentes “aprovechar el conocimiento de los ponentes para prepararse y cumplir uno de los fines más preciados del derecho: la justicia”.

Por su parte, el presidente de la Sala de los Contencioso Administrativo, José Ernesto Clímaco Valiente, sostuvo que “se apuesta por mejorar los conocimientos y capacidades técnicas del personal, compartiendo experiencias para lograr un objetivo común: brindar una pronta y cumplida justicia”.

El magistrado de la Sala de lo Civil, Alex David Marroquín Martínez, asiste a la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI) celebrada en Panamá, donde participó en la reunión de la Comisión Iberoamericana de Calidad para la Justicia (CICAJ).

Este evento, que se desarrolla los días 17 y 18 de octubre, reúne a representantes de los poderes judiciales de 23 países de Iberoamérica para intercambiar experiencias y buenas prácticas en el ámbito judicial.

Durante la cumbre, los asistentes trabajaron en la elaboración de un manual de calidad destinado a mejorar los estándares en el sistema judicial de la región. Además, destacados especialistas ofrecen conferencias sobre temas clave, como la lucha contra la corrupción, los sistemas de gestión de calidad, y la importancia de la justicia abierta y la transparencia como pilares fundamentales para garantizar la calidad en la justicia.

La participación de Marroquín Martínez en este evento subraya el compromiso de El Salvador con la mejora continua de su sistema judicial y el fortalecimiento de la cooperación entre naciones iberoamericanas en pro de una justicia más eficaz y accesible.

El vicepresidente de EXOR Estructuradores Financieros, César Addario Soljancic, explicó los beneficios que han visto los países latinoamericanos con la baja de tasas en los Estados Unidos.

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➡️ El Banco Mundial elevó, en su más reciente informe, sus previsiones de crecimiento económico para Latinoamérica y el Caribe.

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Este galardón reconoce a los despachos que han logrado un crecimiento sobresaliente, ya sea a través de la expansión geográfica, el aumento de abogados o el incremento en el volumen de trabajo. Firmas jóvenes y dinámicas, así como aquellas con una larga trayectoria que han logrado reinventarse, competirán en esta categoría, mostrando la diversidad y el dinamismo del panorama legal en El Salvador.

El Comité de Evaluación de los Premios DyN se centrará en identificar a la firma que no solo haya crecido en números, sino que también haya demostrado un compromiso con la excelencia, el servicio al cliente y su impacto positivo en la sociedad. La gala, que tendrá lugar el 30 de octubre, promete ser un evento inolvidable en el que se celebrarán los logros de los líderes y las firmas más destacadas del mundo jurídico y empresarial.

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Los diputados de la comisión de hacienda y especial del presupuesto de la Asamblea Legislativa recibieron este viernes a los miembros del gabinete de seguridad para discutir la asignación propuesta para el 2025.

En la reunión, los ministros de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, y de Defensa, René Merino Monroy, expusieron los lineamientos y necesidades de sus respectivas carteras. Gustavo Villatoro abrió la sesión presentando los logros en materia de seguridad.

Destacó una reducción histórica en la tasa de homicidios, que pasó de 104 por cada 100,000 habitantes en 2015 a 2.4 en 2023, gracias a la implementación del Régimen de Excepción.
“En lo que va del año, tenemos una tasa de 2.1 por cada 100,000 habitantes y esperamos que baje aún más”, afirmó Villatoro, enfatizando el compromiso del gobierno por mantener la seguridad en el país.

Para el año 2025, se ha asignado un presupuesto de $584.98 millones al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, destinado a sostener los niveles de seguridad alcanzados.
A continuación, Merino Monroy, presentó el presupuesto de su ministerio, que asciende a $314,363,162.

Destacó las recientes incautaciones de drogas realizadas por la Fuerza Armada, lo que ha tenido un impacto positivo en la seguridad del país.

Detalló que el 83% de su presupuesto se destinará a salarios y remuneraciones, mientras que el restante se distribuirá en bienes y servicios, gastos financieros, transferencias e inversiones.

Más tarde, la comisión recibió al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, quien agradeció al Ejecutivo y a la Asamblea por su apoyo en el combate a la impunidad.

Delgado destacó la necesidad de un presupuesto adecuado de $142,315,472 para fortalecer y modernizar la Fiscalía General de la República. Resaltó que, por primera vez, El Salvador contará con su propio centro de intervención en telecomunicaciones, una deuda histórica que se había heredado.

Sin embargo, el fiscal también señaló un déficit presupuestario de $24,872,572 y solicitó una adición de $17,012,691 para cumplir con compromisos relacionados con la construcción de nuevas oficinas centrales.

Servidores públicos judiciales de la jurisdicción de lo contencioso administrativo comenzaron este viernes el diplomado de “derecho de competencia”, como parte de un esfuerzo conjunto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Superintendencia de Competencia, que busca fortalecer los conocimientos teóricos y prácticos para una mejor aplicación de los aspectos legales relacionados a esta materia.

El diplomado, informó la CSJ, brindará una comprensión profunda de las “prácticas anticompetitivas prohibidas y el control de concentraciones económicas establecidos en la Ley de Competencia de El Salvador”, incluyendo su identificación y consecuencias, así como los principios básicos de economía necesarios para realizar un análisis del derecho de competencia.

El presidente de la Corte, Henry Alexander Mejía, quien participó de la inauguración de la capacitación, pidió a los asistentes “aprovechar el conocimiento de los ponentes para prepararse y cumplir uno de los fines más preciados del derecho: la justicia”.

Por su parte, el presidente de la Sala de los Contencioso Administrativo, José Ernesto Clímaco Valiente, sostuvo que “se apuesta por mejorar los conocimientos y capacidades técnicas del personal, compartiendo experiencias para lograr un objetivo común: brindar una pronta y cumplida justicia”.

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