Los procuradores auxiliares en El Salvador destinan la mayor parte de su tiempo a audiencias judiciales, dejando poco espacio para la preparación técnica de los casos y la atención a familiares de los privados de libertad. Así lo reveló la procuradora general adjunta, Cándida Parada de Acevedo, durante su comparecencia ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa el pasado lunes.

Parada de Acevedo, quien aspira a dirigir la Procuraduría General de la República (PGR) en el período 2025-2028, presentó los hallazgos de un estudio reciente. Según los datos expuestos, un defensor público penal emplea un 60 % de su tiempo en audiencias, un 20 % en atender a los familiares de los imputados y solo otro 20 % en la preparación técnica de los casos.

Ante esta situación, la funcionaria propuso la implementación de un sistema de atención virtual que permitiría a los defensores públicos brindar información a los familiares de los reclusos y facilitar mediaciones en línea. Esta medida busca optimizar el trabajo de los abogados que asisten a las audiencias diariamente.

Una apuesta por la justicia digital

En su intervención, Parada de Acevedo planteó el programa “Justicia digital al alcance de todos y todas”, basado en datos recientes del Censo de Población y Vivienda 2024. 

Según el estudio, el 80 % de la población salvadoreña usa internet, el 77 % posee un teléfono inteligente y el 53 % de las mujeres hacen uso de la tecnología, lo que facilitaría la implementación de herramientas digitales en la PGR.

Además, destacó que actualmente el 56 % de los casos atendidos por la PGR se resuelven por la vía administrativa, principalmente a través de mediación, mientras que el 40 % siguen un proceso judicial. 

No obstante, la funcionaria sugirió que la proporción ideal sería un 70 % de resoluciones administrativas y un 30 % judiciales, con el fin de agilizar los procesos y descongestionar el sistema de justicia.

Con estas propuestas, la candidata busca modernizar la PGR y mejorar la eficiencia del servicio de defensa pública, adaptándolo a las nuevas tecnologías y a las necesidades de la población.

Con información de diario El Mundo

El gobierno de Donald Trump reconoció que la deportación de Kilmar Armando Ábrego García, un padre hispano de Maryland, a El Salvador se debió a un «error administrativo». Este incidente, ocurrido el 15 de marzo, ha generado controversia, ya que Ábrego García había recibido en 2019 un estatus de protección contra la deportación, lo que le impedía ser expulsado a su país de origen.

Ábrego, ciudadano salvadoreño, fue arrestado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) debido a presuntos vínculos con la pandilla MS-13, acusación que sus abogados niegan, asegurando que nunca ha sido miembro de esa organización. 

Aunque no tenía antecedentes penales en Estados Unidos, el gobierno argumentó que su deportación fue un error basado en una supuesta orden final de expulsión y la acusación de ser parte de la pandilla.

Este caso ha llamado la atención porque es la primera vez que el gobierno de Trump reconoce un error en los vuelos de deportación a El Salvador, los cuales han estado en el centro de una batalla legal. 

A pesar de admitir el error, ICE explicó que la deportación fue realizada «de buena fe», basándose en la existencia de una orden final de deportación y en la supuesta relación de Ábrego con la MS-13.

El abogado de Ábrego García, Simon Sandoval-Moshenberg, señaló que nunca había visto un caso similar y ha solicitado que se ordene el regreso de su cliente a Estados Unidos. 

Además, la familia de Ábrego García, que incluye a su esposa y un hijo discapacitado, teme por su seguridad en El Salvador, país al que fue deportado. 

El gobierno, por su parte, sostiene que no puede revertir la situación, ya que el salvadoreño está bajo custodia de las autoridades de ese país.

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) invita a estudiantes y profesionales del derecho a participar en el Concurso de Oralidad 2025, una competencia interuniversitaria que busca fortalecer las habilidades de litigación oral con técnicas efectivas para argumentar con seguridad y precisión.
Las inscripciones cierran este lunes, por lo que el CNJ insta a los interesados a no quedarse fuera de esta oportunidad de aprendizaje y desarrollo profesional.
La Escuela de Capacitación Judicial “Dr. Arturo Zeledón Castrillo” ha diseñado un plan de preparación estructurado en cuatro pasos clave para construir una estrategia oral efectiva:

Análisis del caso: Estudio detallado de los hechos, pruebas y argumentos posibles, investigación de jurisprudencia y normativa aplicable, e identificación de fortalezas y debilidades del caso.
Definición de la estrategia: Determinación del argumento principal, preparación de argumentos claros y convincentes, y respaldo con hechos y pruebas.

Uso de la prueba: Organización lógica de la presentación de pruebas, preparación de preguntas para testigos y anticipación de posibles objeciones.
Evitar la improvisación y fortalecer la contraargumentación: Mantener una escucha activa, conocer los tipos de preguntas objetables y su fundamento correcto, e identificar aspectos favorables en la producción de la prueba testimonial.

El Concurso de Oralidad 2025, en su XVIII edición, tiene como lema “Construyendo el futuro de la justicia” y se perfila como una plataforma esencial para el desarrollo de las competencias necesarias en los juicios orales. La organización enfatiza que la práctica y la preparación son claves para el éxito en el litigio oral.

Los interesados pueden obtener más información a través de los canales oficiales del CNJ y de la Escuela de Capacitación Judicial.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que su gobierno continuará y aumentará las deportaciones de supuestos miembros de las pandillas MS-13 y Tren de Aragua hacia El Salvador, en el marco de una política de seguridad que ha generado polémica dentro y fuera del país.

En la más reciente operación, 17 personas identificadas como integrantes de estas organizaciones criminales fueron expulsadas a territorio salvadoreño. “Anoche, en una exitosa operación antiterrorista con nuestros aliados en El Salvador, el ejército de Estados Unidos transfirió a un grupo de 17 criminales violentos de las organizaciones Tren de Aragua y MS-13, incluidos asesinos y violadores”, afirmó Rubio en una publicación en la red social X.

El funcionario defendió la medida como una acción para “proteger a la población estadounidense” y respaldó la reciente designación de estas estructuras criminales como Organizaciones Terroristas Extranjeras por parte del presidente Donald Trump. “Estos criminales ya no aterrorizarán a nuestras comunidades y ciudadanos”, agregó.

Cooperación con El Salvador y reacción internacional

Las deportaciones forman parte de una operación conjunta con el gobierno de Nayib Bukele, centrada en la lucha contra el crimen transnacional. 

En este contexto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde están siendo recluidos los deportados.

Durante su visita, Noem advirtió que quienes cometan delitos en EE.UU. enfrentarán consecuencias inmediatas. 

“Si cometes un crimen, esta es la consecuencia que puedes enfrentar”, señaló. 

Asimismo, elogió la cooperación con el gobierno de Bukele, destacando los esfuerzos conjuntos para combatir el crimen organizado y la migración irregular.

El anuncio ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos, que cuestionan la falta de transparencia en los procesos de deportación y advierten sobre posibles violaciones a los derechos de los expulsados. 

Especial preocupación han expresado por los ciudadanos venezolanos deportados, quienes supuestamente integraban el Tren de Aragua.

A pesar de las controversias, la administración Trump sostiene que estas medidas son esenciales para garantizar la seguridad nacional y continuar con su política de mano dura contra el crimen organizado.

A partir del 1 de abril, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pondrá en funcionamiento una nueva plataforma digital para la consulta de edictos judiciales, dirigida a la ciudadanía y a las partes procesales en casos de crimen organizado.

Con esta herramienta, la CSJ busca fortalecer el acceso a la información y agilizar los procesos judiciales en los tribunales especializados. 

La iniciativa se enmarca en el cumplimiento del Acuerdo No 3-P, aprobado el 25 de febrero de 2025.

La plataforma, denominada “Edictos Judiciales – El Salvador”, permitirá consultar de manera ágil y segura los edictos emitidos por estos tribunales. 

Según la Corte, su implementación responde a lo establecido en el artículo 163 del Código Procesal Penal, el cual faculta el uso de medios digitales para la publicación de resoluciones cuando se desconoce el paradero de la persona a notificar.

Con este paso, la CSJ reafirma su compromiso con la modernización del sistema judicial, promoviendo mayor transparencia y eficiencia en los procesos relacionados con el crimen organizado.