Judicial
6 de febrero darán resolución en caso contra miembros de escuadrones de la muerte durante el conflicto armado
El Juzgado Primero de Instrucción de San Miguel anunción que el próximo lunes emitirá la resolución contra José Inés Benavides Martínez, Luis Alonso Benavides Polio, José de la Cruz Orellana y Ángel Aníbal Alvarado Benítez por los delitos de Asesinato y Privación de Libertad, Asociaciones Ilícitas, y Delito contra las Leyes o Costumbres de Guerra.
Los tres primeros son reos presentes, mientras que Alvarado ha sido declarado rebelde, todos acusados por los delitos de robo agravado, asociaciones ilícitas y homicidio agravado.
El juzgador decidirá si sobresee o pasa a juicio a los imputados por los delitos cometidos el 7 de abril de 1981, cuando los sujetos supuestamente le quitaron la vida a Ángel María Chávez Benavides, José Luciano Benavides, Guillermo Antonio Magaña Castellón, Rogelio de la Cruz Magaña Castellón y María Verónica Ernestina Aguilar de Chávez.
Los hechos ocurrieron en el cantón San Andrés de San Miguel. Del quíntuple homicidio se acusó a los entonces conocidos como escuadrones de la muerte, pero 40 años después y luego que en 2016 quedara sin efecto la Ley de Amnistía, cuatro imputados fueron detenidos. Según el relato de los hechos los cuerpos fueron localizados con señales de tortura en el cantón Caulotillo, del municipio de El Carmen, departamento de La Unión.
De acuerdo a la investigación, los imputados formaban parte de una estructura armada irregular conocida como “escuadrones de la muerte”, la cual operaba en el cantón San Andrés y alrededores de San Miguel durante la época del conflicto armado.
A Benavides, Polio, Orellana y Benítez se les acusa de ser parte del grupo que asesinó a Ángel María Chávez Benavides, María Verónica Ernestina Aguilar de Chávez, José Luciano Benavides, Guillermo Antonio Magaña Castellón y Rogelio de la Cruz Magaña, el 7 de abril de 1981.
Ese día, un grupo de hombres que vestían uniformes militares y estaban armados, violentamente sacaron de sus viviendas a las víctimas para privarlas de de libertad. Días después, los cadáveres fueron encontrados con señales de tortura, a la orilla de la carretera que conduce a San Alejo, La Unión.
Los respectivos fiscales afirmaron que se cuentan con elementos suficientes de prueba documental, pericial, testimonial y anticipos de prueba que permitirán acreditar la participación de los imputados en los hechos que se les atribuyen. La diligencia fue presentada ante el Juzgado Primero de Instrucción de San Miguel.
Tres de los cuatro acusados fueron capturados en agosto del año 2021, y uno de ellos se encuentra fuera del país.