{"id":14517,"date":"2019-02-28T15:26:52","date_gmt":"2019-02-28T15:26:52","guid":{"rendered":"http:\/\/www.derechoynegocios.technosal.info\/?p=14517"},"modified":"2019-02-28T15:26:52","modified_gmt":"2019-02-28T15:26:52","slug":"la-ley-procedimientos-administrativos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derechoynegocios.net\/la-ley-procedimientos-administrativos\/","title":{"rendered":"Sobre la Ley de Procedimientos Administrativos &#8211; Edici\u00f3n #86"},"content":{"rendered":"<p>La Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) fue aprobada por la Asamblea Legislativa en la sesi\u00f3n plenaria del d\u00eda 15 de diciembre del a\u00f1o 2017, y publicada en el Diario Oficial de fecha 13 de febrero de 2018. En la misma se dispuso que entrar\u00e1 en vigencia doce meses despu\u00e9s de su publicaci\u00f3n en el Diario Oficial.<\/p>\n<p>Esta normativa constituye un componente de la gran reforma que ha sufrido el ordenamiento jur\u00eddico administrativo en los \u00faltimos a\u00f1os, y contiene el marco normativo que regir\u00e1 todo el quehacer de la administraci\u00f3n p\u00fablica en El Salvador, incluyendo todos los procedimientos que siguen los \u00f3rganos que la conforman.<\/p>\n<p>Por ejemplo, regir\u00e1 los procedimientos que debe seguir cualquier \u00f3rgano del gobierno, central o municipal, para llegar a adoptar sus decisiones en materia sancionatoria, tributaria, procedimientos de selecci\u00f3n de contratistas regidos por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administraci\u00f3n P\u00fablica (LACAP); as\u00ed como los actos que dicten en aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen de funcionarios y empleados p\u00fablicos, o para el otorgamiento de autorizaciones y permisos, entre otros.<\/p>\n<p>La Ley de Procedimientos Administrativos desarrolla los principios constitucionales que rigen el actuar de la Administraci\u00f3n p\u00fablica, entre ellos, el principio de legalidad, en virtud del cual, los funcionarios deben actuar con pleno sometimiento al ordenamiento jur\u00eddico, de tal manera que solo pueden hacer aquello que est\u00e9 expresamente previsto en la ley, y con los alcances que esta determine (art. 86 inciso 3\u00b0 de la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica, y art. 3 n\u00b0. 1 LPA).<\/p>\n<p>La normativa que se comenta, establece adem\u00e1s, los derechos y deberes de los administrados. Entre estos, el derecho a la buena administraci\u00f3n que consiste en que los asuntos de naturaleza p\u00fablica deben ser decididos con equidad, justicia, objetividad e imparcialidad, en un plazo razonable y al servicio de la dignidad humana (art. 16 n\u00b0.1 LPA); as\u00ed como el derecho a ser tratados con respeto, dignidad y deferencia por las autoridades y empleados p\u00fablicos, que habr\u00e1n de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones (art. 16 n\u00b0. 5 LPA).<\/p>\n<p>Por otra parte, contiene todo un r\u00e9gimen de los actos de la Administraci\u00f3n p\u00fablica, a trav\u00e9s del cual regula, por ejemplo, las condiciones y l\u00edmite que tiene la Administraci\u00f3n p\u00fablica para transferir el ejercicio de la competencia por medio de figuras como la delegaci\u00f3n; as\u00ed como el r\u00e9gimen de nulidad de los actos administrativos.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n contiene un aporte muy importante en relaci\u00f3n a los actos discrecionales, pues establece que estos solamente podr\u00e1n dictarse, cuando as\u00ed lo autorice el ordenamiento jur\u00eddico. Es decir, que se elimina la concepci\u00f3n err\u00f3nea y arbitraria en virtud de la cual se utilizaba a la discrecionalidad como una v\u00eda para incumplir el mismo principio de legalidad.<\/p>\n<p>Otro aspecto a destacar de la normativa que se comenta, es el concerniente a que establece los plazos de que dispone la Administraci\u00f3n p\u00fablica para dictar sus distintas resoluciones; y vinculado con este aspecto, regula los efectos del silencio de la Administraci\u00f3n p\u00fablica conocido como el silencio administrativo. En tal sentido, en los casos en que los funcionarios no dicten la resoluci\u00f3n que ponga fin al procedimiento y, en consecuencia, no la notifiquen dentro del plazo establecido por el legislador para tal fin, surgir\u00e1, producto del silencio, un acto en virtud del cual se accede a la petici\u00f3n del particular.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, desarrolla las disposiciones constitucionales relativas a la responsabilidad patrimonial de los funcionarios p\u00fablicos y del Estado, en los casos en que, con las actuaciones u omisiones de aquellos, se hubiere causado da\u00f1os a los particulares, ya sea en sus bienes o en sus derechos.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n regula el ejercicio de la potestad normativa y sancionatoria de la Administraci\u00f3n p\u00fablica, y algunos principios sobre mejora regulatoria.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.derechoynegocios.technosal.info\/actualidad\/la-ley-procedimientos-administrativos\/attachment\/whatsapp-image-2019-02-28-at-8-41-32-am\/\" rel=\"attachment wp-att-14519\"><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter  wp-image-14519\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/derechoynegocios.info\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/WhatsApp-Image-2019-02-28-at-8.41.32-AM-1024x938.jpeg?resize=740%2C678&#038;ssl=1\" alt=\"\" width=\"740\" height=\"678\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/derechoynegocios.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/WhatsApp-Image-2019-02-28-at-8.41.32-AM.jpeg?resize=1024%2C938&amp;ssl=1 1024w, https:\/\/i0.wp.com\/derechoynegocios.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/WhatsApp-Image-2019-02-28-at-8.41.32-AM.jpeg?resize=300%2C275&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/derechoynegocios.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/WhatsApp-Image-2019-02-28-at-8.41.32-AM.jpeg?resize=768%2C703&amp;ssl=1 768w, https:\/\/i0.wp.com\/derechoynegocios.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/WhatsApp-Image-2019-02-28-at-8.41.32-AM.jpeg?w=1280&amp;ssl=1 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 740px) 100vw, 740px\" \/><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con los pocos ejemplos expuestos, se puede advertir que con la Ley de Procedimientos Administrativos se supera el enorme vac\u00edo del que ha adolecido nuestro pa\u00eds: antes de la misma, no exist\u00eda normativa alguna que estableciera de manera uniforme y clara los cauces y condiciones de actuaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n<p>Sin una Ley de Procedimientos Administrativos, se carec\u00eda de una normativa que diera cohesi\u00f3n a la multiplicidad de leyes administrativas que regulan las distintas ramas de actuaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n p\u00fablica (salud, educaci\u00f3n, medio ambiente, servicios p\u00fablicos, trabajo, contrataci\u00f3n administrativa, sanciones, etc.). Se ha carecido de una regulaci\u00f3n de los principios y aspectos generales que rigen a todos los \u00f3rganos de la Administraci\u00f3n p\u00fablica, independientemente de la materia de que conozcan, de la jerarqu\u00eda que ocupen en la estructura de la Administraci\u00f3n p\u00fablica, o de la circunscripci\u00f3n territorial donde ejercen su competencia.<\/p>\n<p>Resulta ilustrativo mencionar que hasta la actualidad ha existido diversidad de recursos administrativos a interponer por los interesados, respecto de los cuales cada ley especial regula plazos distintos para su interposici\u00f3n, as\u00ed como variedad en su tramitaci\u00f3n. Lo anterior\u00a0 debido a que como regla general, cada normativa especial contiene su propio r\u00e9gimen al respecto.<\/p>\n<p>Esta dispersi\u00f3n normativa ha creado a trav\u00e9s de todos estos a\u00f1os una gran inseguridad jur\u00eddica, ya que no han existido reglas claras y completas respecto del quehacer de la Administraci\u00f3n p\u00fablica. Situaci\u00f3n que ha generado desconocimiento, incertidumbre y confusi\u00f3n tanto en funcionarios y empleados p\u00fablicos como en los ciudadanos.<\/p>\n<p>Cabe mencionar que tanto la Corte Suprema de Justicia, como muchos \u00f3rganos de la Administraci\u00f3n p\u00fablica, han hecho esfuerzos conscientes y considerables para la difusi\u00f3n y conocimiento del contenido de la normativa, ante la inminente vigencia de la misma.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n es importante destacar que la sola aprobaci\u00f3n de la Ley de Procedimientos Administrativos, as\u00ed como el conocimiento b\u00e1sico de su contenido, ya ha comenzado a generar conciencia en los funcionarios acerca del alcance de los l\u00edmites y alcances de las potestades que les atribuye el ordenamiento jur\u00eddico, as\u00ed como de los principios que rigen su quehacer.<\/p>\n<p>Se han despertado grandes y profundas inquietudes sobre la necesidad de respetar el principio de legalidad \u2013ya mencionado\u2013, pilar fundamental de todo Estado de derecho; en el sentido que los funcionarios de la Administraci\u00f3n p\u00fablica solo tienen aquellas atribuciones que expresamente les da la ley; y que bajo ning\u00fan pretexto pueden actuar los funcionarios, cuando el ordenamiento jur\u00eddico no le otorga dicha posibilidad. En consecuencia, no pueden exigir requisitos, para determinados tr\u00e1mites, m\u00e1s all\u00e1 de los exigidos en las leyes.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n se han desmitificado temas como el relativo a las potestades discrecionales de los funcionarios, pues la normativa que se comenta deja claro que este tipo de potestades solo puede existir en el marco del ordenamiento jur\u00eddico; es decir que la discrecionalidad tambi\u00e9n debe ser autorizada por el legislador (art. 25 LPA).<\/p>\n<p>Esta regulaci\u00f3n descarta la err\u00f3nea concepci\u00f3n en virtud de la cual se consideraba que discrecionalidad implica la posibilidad de actuar en los casos que el ordenamiento jur\u00eddico no otorga facultad de actuaci\u00f3n; percepci\u00f3n que ha llevado a much\u00edsimos funcionarios de la Administraci\u00f3n p\u00fablica a actuar al margen de la legalidad, al punto de dictar actos gravosos para los administrados, sin estar facultados por el ordenamiento jur\u00eddico, so pretexto de actuar en virtud de la discrecionalidad.<\/p>\n<p>Concepciones como la antes descrita, han constituido verdaderos y grandes obst\u00e1culos para avanzar hacia la construcci\u00f3n de un verdadero Estado de derecho.<\/p>\n<p>Como consecuencia de todo lo expresado se puede concluir claramente que la Ley de Procedimientos Administrativos viene a constituir un elemento trascendental e indispensable para lograr un verdadero avance del Estado salvadore\u00f1o, en el respeto por la legalidad y, en consecuencia, en el respeto y eficacia de los derechos fundamentales de la poblaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Es una normativa que contribuir\u00e1 a eliminar la confusi\u00f3n, la burocracia en la tramitaci\u00f3n de los procedimientos, y la corrupci\u00f3n en el actuar de los funcionarios p\u00fablicos; aspectos que han lacerado gravemente la institucionalidad y el desarrollo del pa\u00eds.<\/p>\n<p>Una vez entrada en vigencia la normativa, ser\u00e1 importante que se contin\u00fae conociendo y profundizando en su contenido, tanto por parte de funcionarios, como de los ciudadanos, para que aquellos ajusten todo su quehacer a la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica, y a la ley; y para que los ciudadanos, conscientes de los derechos que les asisten, as\u00ed como de los cauces por los que deben conducir su actuaci\u00f3n todos los funcionarios p\u00fablicos, puedan exigir, y de esa manera contribuir, a la efectiva aplicaci\u00f3n de la ley.<\/p>\n<p>El Estado de El Salvador y el pueblo salvadore\u00f1o ya cuentan con una herramienta normativa, de incalculable valor, que al hacerla efectiva con verdadera conciencia, puede llegar a transformar en pocos a\u00f1os el rostro de la Administraci\u00f3n p\u00fablica, en beneficio de todos los habitantes. Esta transformaci\u00f3n podr\u00e1 cambiar el rumbo de nuestra historia, durante la cual se han producido graves atropellas a los derechos fundamentales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) fue aprobada por la Asamblea Legislativa en la sesi\u00f3n plenaria del d\u00eda 15 de diciembre del a\u00f1o 2017, y publicada en el Diario Oficial de fecha 13 de febrero de 2018. 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