Violencia y Desarrollo Económico

Por: Carlos Carcach, coordinador del Centro de Políticas Públicas – ESEN

Este artículo explora cómo la violencia criminal, especialmente homicidio y extorsiones, afecta al desarrollo económico en El Salvador. Entenderemos “desarrollo económico” como un proceso que permite que individuos, empresas y comunidades expandan las capacidades que contribuyen al avance de la sociedad. Se considera que una sociedad es desarrollada cuando sus miembros acceden a los bienes y servicios que satisfacen sus necesidades.

El grado en que alguien se beneficia del desarrollo depende de su capacidad de generar ingresos, que a su vez se determina por su desempeño en el mercado laboral, lo que es función del nivel educativo, experiencia laboral, capital relacional, y estado de salud, entre otros.

La disponibilidad de empleos de calidad es función de las inversiones y la tasa de crecimiento de la economía. Esta crece porque es capaz de agregar valor a la producción mediante el pago de mejores salarios, mayor rentabilidad de la inversión, y mayor captación de impuestos por el gobierno.

Los ingresos tributarios permiten al gobierno proveer más y mejores servicios públicos que incrementan el acervo de capital humano de la sociedad (Ej. Educación, salud, conectividad, seguridad, etc.) y que mejoren la competitividad de las empresas.
Cuanto más crece una economía dentro de un marco institucional fuerte dentro de un régimen de estado de derecho, mayores son las posibilidades de desarrollo de la sociedad.

La violencia delincuencial desacelera el crecimiento de la economía salvadoreña y por esta vía limita las posibilidades de desarrollo. En primer lugar, la sociedad entera carga con los costos de la violencia.

El Banco Central de Reserva encontró que el costo de la violencia en la economía salvadoreña representó 16% del PIB en 2014. De este costo total, 33% fue absorbido directamente por la población (costos de salud, pérdidas por robo y hurto, seguridad privada), 22.7% por las empresas (pago de extorsiones, seguridad privada), y 14.5% correspondió a costos institucionales (seguridad pública, defensa, justicia) que se pagaron con impuestos.

Las pérdidas sociales totales representaron 70.2% del costo total debido a la violencia. Esta cifra, equivalente al 11.2% del PIB, constituyó la pérdida de bienestar de la población y empresas salvadoreñas. Este es un subestimado ya que no toma en cuenta los costos debidos a los cambios en comportamiento para reducir el riesgo de victimización.

El temor de las personas ante la posibilidad de convertirse en víctimas es el efecto social más dañino de la violencia criminal, y la pérdida de calidad de vida es su impacto más significativo.

Un estudio sobre los cambios conductuales debidos a la percepción de inseguridad en El Salvador, conducido en 2012 por el Observatorio de Seguridad Ciudadana (FLACSO, FUNDAUNGO, UTEC), encontró que los niveles de inseguridad llevaron a la población a cambiar comportamientos que: restringieron su tránsito (70%), alteraron prácticas económicas (50%), limitaron la convivencia con los vecinos o pensaron en cambiar de lugar de residencia (25%).

Las pérdidas sociales debidas al temor del delito pueden ser invaluables y se pueden transmitir entre generaciones, y entre colectivos. Los impactos negativos de perder la libertad, sufrir deterioros en la salud y otros, trascienden la esfera de lo individual, afectando la frecuencia y calidad de las relaciones interpersonales, la confianza en las instituciones, participación en la vida social y política, y en última instancia, restringiendo la posibilidad de ser agentes del propio progreso social.

Según el estudio del BCR, El Salvador dejó de producir un total de $1,170 millones y la inversión se redujo en 16% por causa de la violencia. Los impactos favorables de las inversiones en educación se reducen por la violencia delincuencial.

Un estudio propio encontró que por cada punto que aumenta el índice de homicidios de un municipio, el ingreso laboral de sus ocupados disminuye 1.7%. Además, la violencia disminuye hasta en 1.5% los retornos de la educación a lo largo de la vida de las personas.

Es evidente que la violencia delincuencial reduce las posibilidades que una economía tiene de crecer y las de la sociedad, en generar oportunidades de progreso para sus miembros. Estos impactos negativos se magnifican y acumulan con el paso del tiempo, haciendo que el país caiga en una especie de trampa de bajo desarrollo a causa de la criminalidad.