Transporte público y desarrollo

Por: Ricardo Flores Chong, investigador económico  del Observatorio de Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Francisco Gavidia. 

El sistema de transporte público en El Salvador es malo, inoperante, deshumanizante y sobre todo una barrera al desarrollo. Es entonces, un imperativo su replanteamiento, recomposición y restructuración de manera que satisfaga las necesidades de la población y así contribuir al desarrollo económico y social. Algunos de los resultados del mal sistema de transporte público son la contribución a la generación de asentamientos urbanos “marginales” en las ciudades o polos de desarrollo industrial y/o comercial, contribuye a una caída en el salario real y es inversamente proporcional a la calidad de vida de las personas. Por el contrario, un buen sistema de transporte público contribuye a la descentralización de polos urbanísticos, de servicios, del desarrollo local y a mejora en las condiciones de vida, esto según lo encontrado por Glaeser, Matthew y Jordan. (Harvard, 2008).

El impacto económico de un mal sistema de transporte público es la generación de centros y periferias. La no existencia de un servicio que permita la movilización de las personas desde sus hogares hacia sus trabajos, les demanda (a las mismas personas) tener que movilizarse y asentarse, en muchos casos, a los alrededores, o en las cercanías, de sus lugares de desarrollo. Esto genera un fenómeno de urbanismo que conlleva a la no satisfacción de necesidades, y con esto poblaciones desatendidas. En El Salvador podemos observar asentamientos cercanos a zonas industriales y centros de comercio, esta es una tendencia marcada en América Latina. Según datos del Viceministerio de Transporte en el país operan 10,359 unidades de transporte público. Los microbuses reciben un subsidio de $200 y los autobuses de $400. En 2013 existían un total de 7,403 buses y 4,099 microbuses (FUSADES, 2015). Esto representaría $3.78 millones mensuales, siendo $45.37 millones anuales. Esta cifra no es desproporcionada cuando se identifica que el 80% de la población salvadoreña se moviliza por este medio. Sí lo es cuando contextualizamos que se pagan millones de dólares por una mala atención a casi la totalidad de la población salvadoreña, también lo es cuando se identifica que el 72% de las unidades de transporte están “a media vida”.

El desastre del transporte público invita a replantear soluciones al mismo, el actual gobierno del presidente Bukele ha hablado de un tren. En la región encontramos sistemas avanzados y de referencia como lo es el modelo panameño, claro, este costó más de $2,000 millones. Pero también encontramos otros modelos como el de Bolivia, que costó $56 millones, esto debido a que se trata de un transporte público de teleférico entre La Paz y El Alto. Esto como respuesta a sus condiciones urbanas y geográficas, sin embargo, nos invita a plantearnos alternativas innovadoras al sistema de transporte público tradicional que hoy por hoy, en El Salvador no funciona. De Colombia se pueden aprender buenas prácticas, específicamente de Bogotá, una de las ciudades con peor sistema de movilización, no solo a nivel regional. Con la implementación de sistemas de transporte público masivos mejoraron aspectos como el tiempo en tráfico de las personas y de la movilidad del comercio, los niveles de congestionamiento y en general la calidad de vida.

El ahorro en el tiempo de viaje se constituye como una de las ventajas para la población, dinamiza en capacidades y optimiza los recursos que vienen a transformar y operativizar una dinámica social y económica que genera bienestar para las personas.

Una mejora en el sistema de transporte público es ya un tema de justicia histórica y social para la población. Los impactos van desde accesibilidad a lugares de trabajo como al cumplimiento y satisfacción de los derechos de las personas, tales como el acceso a salud y educación, lo cual les dignifica.

Los impactos económicos son más que claros, CEPAL (2017) identifica disminuciones en los niveles de desigualdad, dinamización de economías de escala, estabilidad en los salarios reales y contribuciones a la facilidad y factibilidad de inversiones.

Se debe generar un consenso sobre la necesidad de un buen sistema humano céntrico, entre los órganos del Estado, la empresa privada y la población en general, esto resultará en una mejora a la realidad.