¿Son las Alianzas Público Privadas la solución para El Salvador?

Por: Roberto Morán Director de Relaciones Nacionales e Internaciones – UFG

A lo largo de las últimas décadas se ha observado la progresiva incorporación en el sistema de cooperación internacional de una cultura estratégica generalizada. Hoy, las agendas de la mayoría de las organizaciones implicadas comparten objetivos de alcance global y largo plazo, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Es así como ha irrumpido con fuerza la llamada Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de las empresas. En la actualidad existen en todo el mundo multitud de organizaciones sociales, cada día más articuladas e influyentes, que exigen a la empresa una mayor conciencia y responsabilidad sobre los impactos sociales y ambientales de su actividad.

Como respuesta, la mayoría de las empresas internacionalizadas se preocupan hoy de poner en marcha políticas y programas de RSC. omienzan a tomar conciencia del interés de establecer su vinculación con acciones de desarrollo en los países en los que operan y, muy en particular, cuando se trata de países en desarrollo. Las alianzas entre administraciones y empresas para su acción conjunta en el campo del desarrollo —a las que, en adelante, nos referiremos como “Alianzas Público-Privadas” (APP)— se han constituido en una nueva vía para la integración de la empresa en la cooperación, contribuyendo a la generación y transferencia de nuevos recursos y conocimientos destinados a la promoción del desarrollo humano.

El Salvador tiene experiencias poco exitosas en la vinculación entre el sector privado y el estado. Las experiencias de CEL-ENEL, Puerto Cutuco en La Unión, y Fomilenio I, en la primera década del presente siglo no hablan muy bien de los emprendimientos entre el estado y el sector privado. Esta situación no puede atribuirse estrictamente a la vinculación público-privada, existen factores como la falta de transparencia, corrupción, clientelismo, etc. que pueden incidir negativamente para lograr el éxito de esta modalidad de gestión.
El gobierno de los Estados Unidos (uno de los mayores promotores del modelo Asocios Público Privado –APP en el mundo) afirma que éstos existen “cuando las instituciones públicas están asociadas con las entidades del sector privado -empresas, fundaciones, instituciones académicas o individuos- y entran en un acuerdo comercial para lograr un objetivo común compartiendo riesgos y beneficios en función de los objetivos de cada socio”.

A cinco años de contar con la Ley Especial para las APP en El Salvador, no se ha impactado significativamente en la atracción de inversiones extranjeras que contribuyan a incrementar sustancialmente el crecimiento y el desarrollo económico de El Salvador.

Esto muy a pesar de que en el Plan Quinquenal de Gobierno 2014-2019 se establece el pilar de “Dinamizar la economía nacional para generar oportunidades y prosperidad a las familias y las empresas a través de la consolidación del sistema financiero público y de las alianzas con el sector financiero privado como motores del desarrollo productivo”.

Críticos de las APP, como David Hall (Universidad de Greenwich) afirman que las APP están acostumbradas a ocultar el endeudamiento público, al mismo tiempo que otorgan garantías estatales a largo plazo para que las empresas privadas obtengan beneficios.

Es así como los diferentes enfoques de la llamada Nueva Gestión Pública (NGP), encuentran oportunidad ante el reconocimiento de las buenas prácticas del sector privado (agilidad en la toma de decisiones, estructuras organizativas planas y flexibles, remuneraciones del personal ajustadas al desempeño, procedimientos expeditos, entre otras). Esto genera optimismo y entusiasmo en muchos de los países de América Latina, siendo vislumbrada como una alternativa para hacer más eficiente, eficaz y transparente el ejercicio público. de regulaciones que garantice el bienestar ciudadano y la libre competencia del sector privado.

El mejoramiento de la eficiencia y eficacia de la gestión pública demanda soluciones ad hoc a cada país, en ellas debe prevalecer una aplicación flexible y contextualizada de las mejores prácticas.

El Salvador, un país con tradición burocrática, fragilidad institucional y numerosos casos de corrupción en la gestión pública (derivados de un legado histórico en la Administración Pública Latinoamericana relacionado con los modelos weberianos de burocracia), desarrolló en la década de los noventa, un proceso de privatización en la telefonía, las pensiones y la energía eléctrica, vinculados a programas de ajuste estructural inspirados en el Consenso de Washington. Ello introdujo reglas y dinámicas de mercado en la provisión de algunos bienes y servicios que eran de exclusiva administración de las instituciones del Estado.

Una aplicación responsable y contextualizada de la NGP en El Salvador, no significa necesariamente la entrega indiscriminada de los asuntos públicos al sector privado, sino la adopción de un enfoque de colaboración estratégica Estado-Empresa. Colaboración en la que se garantice –por una parte, la eficiencia y eficacia en la prestación de servicios– y por otra la equidad y la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. En todo caso, cualquier concesión de los asuntos públicos al sector privado, deberá hacerse en el marco de regulaciones que garantice el bienestar ciudadano y la libre competencia del sector privado.

El mejoramiento de la eficiencia y eficacia de la gestión pública demanda soluciones ad hoc a cada país, en ellas debe prevalecer una aplicación flexible y contextualizada de las mejores prácticas.