El sistema financiero frente al COVID19

 Benjamin M. Valdez Tamayo- Socio – Benjamín Valdez & Asociados.

Las adversidades que enfrentará el sistema financiero, la economía, el país y los salvadoreños (¡sobre todo!) son, en este momento, muy difíciles de prever e imaginar. No habíamos vivido épocas de crisis, a escalas globales y de esta magnitud, en décadas, y las consecuencias serán inesperadas y complejas. Lejos de querer realizar un análisis técnico legal (¡hay más de cien decretos, regulaciones y normas emitidos en el contexto de la pandemia COVID19, por lo que realizar dicho análisis resulta impráctico en esta nota), me gustaría dejar a consideración, un par de reflexiones.

La primera y principal es el evidente impacto económico que sufrirá el país. Se espera una caída en el comercio mundial del 13% al 32% (World Trade Organization). Desde el punto de vista financiero, esto conlleva a un necesario crecimiento en el apalancamiento de la industria. Menos sanidad económica, más endeudamiento; en el caso de la deuda ya existente, un refinanciamiento necesario a largo plazo, lo que conlleva a mayores tasas y condiciones más exigentes.

Por otro lado, la cadena de valor experimentará un colapso al estilo “dominó”. Como ejemplo: el Gobierno ha prorrogado el pago de servicios básicos luz, agua, telefonía (DL 601), quienes a su vez se verán en la necesidad de prorrogar pagos a sus proveedores (empresas de mantenimiento de instalaciones, empresas de seguridad, asesores y consultores, talleres mecánicos, para nombrar algunas), quienes a su vez se verán en dificultad de hacer frente a sus obligaciones laborales. Lo cual dejará a los empleados perjudicados en la dificultad de pagar sus obligaciones, y así sucesivamente. Este efecto multiplicador conllevará, sin lugar a duda, a un deterioro en la calidad de los préstamos bancarios y en las carteras de los bancos, con la agravante que, al día de hoy, no existe ninguna protección legal o medida de incentivo a las instituciones del sistema financiero.

Esto lleva a la segunda consideración. Sin lugar a duda (¡esperemos!) vendrá esta protección legal, o por lo menos, algunas iniciativas que buscarán reactivar la economía, pero, la pregunta del millón, ¿en qué términos? Me gustaría pensar que serán medidas holísticas y acertadas, pero siempre salen las siguientes interrogantes: ¿Serán consensuadas o impuestas? ¿Cuáles industrias serán beneficiaras y cuáles no? ¿Es necesario considerar qué modelos de negocio se quieren preservar y cuáles no? ¿Qué mecanismo legales y administrativos garantizarán el destino apropiado y correcto de los incentivos, y que instituciones velarán por esto? ¿Será una buena política gubernamental enfocar parte de esta ayuda en la adquisición de la cartera de préstamo en problemas, y ofrecer refinanciamiento a tasas simbólicas? ¿Si esto es así, se estará beneficiando a deudores cuya mora no es consecuencia directa de la pandemia?

La tercera reflexión busca poner en perspectiva la situación en que vivimos. El consumo y el precio del combustible ha bajado significativamente a causa de las políticas de cuarentena domiciliar (DE 19). ¿Qué pasará con los programas gubernamentales que se fondean indirectamente con dicho consumo, como es el FOVIAL? Sin duda habrá una merma en el desarrollo y mantenimiento de las carreteras. El cierre de los aeropuertos significa una reducción en sus ingresos. ¿Cómo se pagarán los títulos de deuda emitidos por CEPA? O, en cualquier caso, ¿habrá algún default o mora en el pago de los mismos? Estas son algunas de las implicaciones económicas a causa de la pandemia, entre la variedad increíble que pudiera haber.

Y aclaro, en ningún momento busco menospreciar la salud y la vida de los salvadoreños, pero es necesario tener presente que el desarrollo económico, tecnológico, social, empresarial e industrial lleva implícito, la salud de estos y la mejora en sus vidas. No son excluyentes (en lo más mínimo). Mejores carreteras significa mejor tránsito de medicinas. Mayor recaudación de impuestos significa mejores y más hospitales. Más trabajo significa menos violencia y menos delincuencia. La solución debe ser, como ya se dijo, holística y completa, equitativa y práctica, sin tintes políticos ni propagandísticos.

Nada es claro en estos momentos, pero lo que es inequívoco es que el sistema financiero debe, como todos los rubros, redefinirse y reinventarse. No vale retomar las cosas donde las dejamos. Al contrario, la crisis nos está enseñando que hay formas distintas y no exploradas para ser negocios. Ahora, más que nunca, las instituciones (tanto regulatorias como financieras) deben considerar nuevos esquemas; algunos a mencionar: firma electrónica para el otorgamiento de instrumentos financieros, banca electrónica (más internet, menos sucursales), gestión de cobro alternos, servicios financieros a domicilio, entre otros.Como sea, El Salvador debe salir adelante. Que la crisis nos enseñe que las dificultades traen oportunidades y que unidos, las podemos aprovechar.