Seguridad Pública en el contexto de la “tregua entre pandillas o proceso de pacificación”

Hace unas  semanas, el exministro de Justicia y Seguridad Pública David Munguía Payés ha sido conducido a los tribunales, al Juzgado Especializado de Instrucción “C” de San Salvador, por imputársele los delitos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, en el contexto de la denominada “Tregua entre Pandillas”. Tregua realizada en la gestión del expresidente Mauricio Funes, y que fue parte de las políticas de seguridad ciudadana para abordar el fenómeno delincuencial y fue referida por las autoridades como “Proceso de Pacificación”.

Al inicio de dicha gestión, con la visión de una política prioritariamente represiva, se incrementaron las restricciones y controles al interior de los centros penitenciarios, particularmente aquellos donde se encontraban integrantes de las pandillas. Estas medidas no solo generaron una serie de afectaciones a los derechos de los privados de libertad de conformidad a los estándares internacionales de derechos humanos en la materia, sino que también fueron víctimas de tales violaciones los familiares de los internos, particularmente esposas o convivientes, y madres, que fueron sujetas a una serie de registros indecorosos, violentos y atentatorios a su dignidad.

Todo esto se realizó bajo la conducción del ministro Munguía Payés con la participación directa de la Fuerza Armada, que tomó el control general de los Centros Penales, tanto en la seguridad perimetral, como en las demás funciones vinculadas al ingreso y control de la visita y otras actividades propias del régimen penitenciario.

La política antes apuntada, tuvo un giro sorprendente siempre bajo la conducción del aludido funcionario, cuando muchos de estos mecanismos fueron desechados o abandonados y se avanzó gradualmente hacia un sistema de concesiones desmedidas a los miembros de las estructuras pandilleriles, que fue conocido como ya se mencionó, como ”Tregua entre pandillas o Proceso de pacificación”. Cuyo mayor efecto debía ser la reducción de homicidios y otros hechos de violencia contra la población salvadoreña, en el marco de una política de pacificación.

Los resultados de estas decisiones, de forma general, son ampliamente conocidos, y en términos generales se puede decir, que aparte que dichas medidas no gozaron nunca del apoyo de la ciudadanía. Derivaron en concesiones ilegales e indebidas a líderes de pandillas privados de libertad, y en el fortalecimiento a sus estructuras sin que existiera un cambio notable en la situación de inseguridad ciudadana.

Las políticas públicas en materia penitenciaria y en seguridad ciudadana están por lógica entrelazadas en muchos componentes, y es claro que las mismas, desde un enfoque de derechos humanos no deben contener líneas de acciones que sean violatorias de los mismos. El respeto a los derechos humanos de los privados de libertad y el enfoque reeducativo y de readaptación deben ser un elemento privilegiado, pero no deben en ningún momento degenerar en un sistema de dádivas y condiciones al margen de la ley para solventar la problemática de la seguridad.

Igualmente, el adecuado combate a la delincuencia, a los hechos de violencia criminal, no pueden estar supeditados a negociaciones con estructuras delincuenciales y a las concesiones que estas puedan brindar, sino que debe existir un enfoque integral de prevención y represión del delito, mediante investigaciones y líneas de acción que prioricen la investigación científica del mismo. Por tal razón, la comparecencia del exministro de Justicia y Seguridad Pública debe enfocarse con la mayor objetividad por parte de la FGR y las autoridades judiciales correspondientes.

De lograrse comprobar la existencia de pactos o concesiones vinculados a los procesos políticos y otros elementos que riñan con el estado de derecho, debe extenderse la investigación a todas las personas vinculadas a esta errada política pública. Que ciertamente, constituyó por sí misma, una violación al derecho a la seguridad ciudadana de toda la población salvadoreña y un enfoque de política pública carente de ética y de respeto a la legalidad, como lo ha expuesto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las decisiones y acciones que un Estado diseña, denominadas políticas públicas, deben proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas de la sociedad, bajo principios de rendición de cuentas y transparencia entre otros.

El Estado, como responsable de adoptar medidas en el ámbito de respeto a la ley, tiene la responsabilidad con la aplicación de una política, de defender y proteger los derechos de las personas, y no someterlas a mayores afectaciones en el marco de medidas y negociaciones oscuras que transgreden la legalidad.