Régimen de excepción en El Salvador cumple tres años de vigencia

Este 27 de marzo se cumplen tres años de la implementación del régimen de excepción en El Salvador, una medida clave en la estrategia del gobierno de Nayib Bukele para enfrentar la violencia de las pandillas. La disposición, que ha sido prorrogada 36 veces desde su inicio, sigue contando con un sólido apoyo de la mayoría de la población, aunque enfrenta severas críticas de organismos de derechos humanos.
El régimen de excepción ha permitido la suspensión de varias garantías constitucionales, entre ellas la ampliación de la detención provisional de 72 horas a 15 días y la intervención de telecomunicaciones sin la autorización judicial correspondiente.
La medida fue instaurada en marzo de 2022, tras un brutal repunte de violencia que dejó 62 homicidios en un solo día, y desde entonces el gobierno ha defendido su efectividad en la lucha contra las pandillas.
Las autoridades aseguran que, gracias a la implementación del régimen, se han logrado detenciones de más de 85,000 personas, además de incautaciones significativas de armas de fuego, vehículos y teléfonos celulares utilizados para actividades criminales.
También argumentan que la medida sigue siendo esencial ante la detección de nuevos métodos de reclutamiento y financiamiento de las pandillas, como el involucramiento de mujeres en puestos de liderazgo dentro de las organizaciones delictivas y el reclutamiento de menores en las escuelas.
No obstante, el régimen ha sido objeto de constantes denuncias por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, que aseguran que cerca de 7,000 personas han sido víctimas de detenciones arbitrarias.
A pesar de estos señalamientos, el gobierno de Bukele ha rechazado las acusaciones y subraya como un indicador de éxito la drástica reducción de homicidios en el país.
Las cifras oficiales reflejan una notable disminución de la violencia.
En 2019, cuando Bukele asumió la presidencia, El Salvador reportaba una tasa de homicidios de 38.2 por cada 100,000 habitantes. En 2024, esta cifra ha caído a 1.9, y el mandatario proyecta que, de mantenerse esta tendencia, en 2025 podría reducirse a menos de un homicidio por cada 100,000 habitantes.
Aunque el apoyo popular al régimen de excepción se mantiene alto, persisten los temores sobre las consecuencias de su extensión indefinida. Para muchos salvadoreños, la reducción de la violencia es un logro incuestionable, pero otros advierten sobre los riesgos de una erosión en el estado de derecho y el respeto a los derechos fundamentales.
La tensión entre la seguridad y la protección de los derechos humanos sigue siendo un tema de intenso debate en la sociedad salvadoreña.