Legal
Presidente sanciona reforma a la Ley Penal Juvenil y otras modificaciones legales
El presidente Nayib Bukele sancionó un paquete de reformas a las leyes penitenciarias y de justicia juvenil, las cuales fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa en la última sesión plenaria, el 12 de febrero.
Las reformas fueron publicadas en el Diario Oficial el 14 de febrero y comenzarán a aplicarse en los próximos días.
Una de las modificaciones más relevantes es la reforma a la Ley Penal Juvenil, que permitirá que menores de 18 años, condenados o en juicio por delitos vinculados al crimen organizado, sean trasladados a centros penitenciarios de adultos, pero en pabellones especiales, separados de la población adulta.
Por otro lado, la reforma a la Ley Penitenciaria introduce un cambio en la vigilancia de los privados de libertad. Ahora, los jueces de vigilancia ya no serán responsables de los reclusos condenados por crimen organizado. En su lugar, esta función será asumida por tribunales especializados en delitos de crimen organizado.
El paquete legislativo también incluía una reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado, con el fin de armonizar las funciones de vigilancia con las reformas penitenciarias. Sin embargo, esta propuesta no fue aprobada debido a advertencias de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que señaló el riesgo de sobrecargar a los tribunales especializados, ya que actualmente están manejando los procesos de los detenidos bajo régimen de excepción.
La CSJ sugirió la incorporación de un juez de apoyo para aliviar la carga de trabajo, propuesta que fue rechazada por el Ministerio de Seguridad.
A pesar de la no aprobación de la reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado, la disposición sobre la vigilancia de los condenados por estos delitos se incluyó en la reforma a la Ley Penitenciaria, por lo que empezará a regir ocho días después de su publicación.
Las reformas a la Ley Penal Juvenil también tendrán un período de «vacatio legis», que concluirá el 22 de febrero.
A partir de esa fecha, el Gobierno podrá comenzar a trasladar a los menores procesados o condenados por crimen organizado a las cárceles de adultos, donde serán alojados en áreas separadas de la población adulta.