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OIT declara a El Salvador en falta grave por acefalía del Consejo Superior del Trabajo

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El pasado 8 de febrero, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones del Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó su informe general sobre la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), realizada en junio 2018. La OIT declaró a El Salvador en “falta grave de sumisión” por la inactividad del Consejo Superior (CST) del Trabajo desde el 2013.

En el informe, la Comisión de Expertos coloca a El Salvador entre los 39 países declarados en falta grave de sumisión; es decir, “que no han sometido a las autoridades competentes los instrumentos adoptados por la Conferencia desde al menos siete reuniones consecutivas”.

La OIT considera que El Salvador no ha acatado las recomendaciones realizadas por el Comité de Aplicación de Normas, relacionadas con el cumplimiento del convenio 144, convenio que regula la existencia de un Consejo Superior del Trabajo (CST). Según el convenio, el CST es un  ente consultor compuesto por el Gobierno, trabajadores y empleadores y que por confrontación entre las partes que lo componen esta inactivo desde 2013.

Durante la Conferencia Internacional del Trabajo, El Salvador detalló los motivos y los avances en relación al cumplimiento del convenio 144. Desde julio de 2013, el gobierno declaró como acéfalo el consejo superior del trabajo.

Desde 2015, Comité de Aplicación de Normas ha solicitado la reactivación del CST por medio de organizaciones más representativas de trabajadores y empleadores a través del diálogo y propuso al país aceptar una misión de contacto para verificar el cumplimiento.

Sandra Guevara, ministra de Trabajo y Previsión Social, explicó que con el fin de activar el CST  en el 2018 el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) aceptó apoyo técnico de la OIT y propuso modificar el reglamento del CST para establecer nuevos mecanismos de elección de los miembros del sector laboral y empleador, pero existieron dificultades de parte del sector empleador.

Por su parte, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) ha manifestado que el Gobierno propone mecanismos para la elección del sector laboral y empleador, cuando solo le corresponde determinar la delegación del Ejecutivo.

Javier Argueta, director de Asuntos Legales de la ANEP, detalló “El Gobierno  no ha sido concertador con el sector privado y se ha tratado de imponer una representación laboral alineada al partido”.

 

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