Intervencionismo del Estado en el derecho regulatorio

Si los mercados en libre competencia funcionan adecuadamente, la intervención del Estado en la economía debe ser mínima, limitando su función en la medida que establece y mantiene un marco normativo y una función administrativa que garantice que la competencia pueda operar correctamente

Flavia de Araujo Cuenca, socia – Cuenca & Asociados. 

La regulación está relacionada con el intervencionismo del Estado y es una de las formas de restringir, influir o condicionar las actuaciones de los agentes económicos, por lo que es fundamental entender sus principales significados y su relación con la competencia.

La política de defensa de la competencia comprende un conjunto de leyes y actuaciones que persiguen las conductas de los agentes económicos “en contra de la competencia”. El estado interviene en la economía favoreciendo el crecimiento y el bienestar de los ciudadanos, sin afectar la competencia.

Dentro del intervencionismo del Estado en la economía, hay un conjunto de medidas que claramente no afectan la competencia porque no van dirigidas a los operadores económicos o a las empresas. Existe una serie de consecuencias sobre el papel del Estado en la economía:

a) Si los mercados en libre competencia funcionan adecuadamente, la intervención del Estado en la economía debe ser mínima, limitando su función en la medida que establece y mantiene un marco normativo y una función administrativa que garantice que la competencia pueda operar correctamente

b) Si los mercados no satisfacen las condiciones exigidas por el teorema de la economía del bienestar, pueden surgir fallas del mercado relacionadas con la eficiencia, justificando la intervención del estado.

Entre las fallas del mercado que exige una intervención del estado, se encuentra por ejemplo lo relacionado a problemas dentro de la competencia de mercados, como la concentración del poder económico por parte de algunos agentes económicos, mediante la formación de monopolios, carteles. La existencia de externalidades negativas, a ejemplo la necesidad de la protección del medio ambiente, combatiendo la contaminación y promoviendo el uso racional de los recursos naturales; la existencia de bienes colectivos, que son consumidos por todos los miembros de la colectividad, como la salud, limpieza pública, educación, defensa nacional, no incluyendo la apropiación individual o privativa por parte de ciertos sujetos mediante el funcionamiento espontáneo del mercado. Puesto que habría una exclusión de parcelas significativas de la población en la utilización de esos bienes, entre otros factores.

Al existir las fallas del mercado, la regulación es necesaria, siendo esta “un conjunto ordenado de políticas públicas que busca la realización de valores económicos y noeconómicos, reputados como esenciales para determinados grupos o para la colectividad en su conjunto. Esas políticas envuelven la adopción de medidas de carácter legislativo y de naturaleza administrativa, destinadas a incentivar prácticas privadas deseables y reprimir tendencias individuales y colectivas que sean incompatibles con la realización de valores estimados”
(O Direito das Agências Reguladoras. Independentes. Dialética, São Paulo: 2002. p. 40). Las finalidades regulatorias deben estar relacionadas a la realización de los valores fundamentales de la nación y, por lo tanto, no pueden reducirse únicamente a los valores económicos.

En esta orden de ideas, los servicios públicos o los servicios de interés general son ejemplos claros de actividades que demandan la regulación. El término servicio público proviene del derecho francés y es un término ambiguo y difícil de definir con precisión. Nace a finales del siglo XIX como un concepto capaz de justificar la intervención del estado en un terreno, el económico y empresarial, que en principio quedaba vedado a la actuación privada (Lasheras, Miguel Ángel. La Regulación económica de los servicios públicos. Ariel Economía, Barcelona, 1999, página 29).

En muchos países, los hidrocarburos, el servicio telefónico y la energía eléctrica han estado amparados bajo el paraguas del servicio público, aunque con el tiempo se han estado organizando bajo formas jurídicas muy diferentes.

En El Salvador, contamos por ejemplo con una Ley General de Electricidad y una Ley de Telecomunicaciones, las cuales vienen a normar estos sectores respectivamente. , el país cuenta con la Ley de creación de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), el cual tiene la característica de ser el Organismo Regulador de estos sectores, con atribuciones específicas, comprendidas de entre ellas la atribución de aprobar las tarifas a que se refieren las leyes de electricidad y de telecomunicaciones; dirimir conflictos entre operadores de estos sectores, informar a la autoridad respectiva de la existencia de prácticas que atenten contra la libre competencia, entre otras atribuciones.

El país todavía presenta algunos retos y desafíos a superar en cuanto a instrumentos legales y administrativos necesarios para contar con mecanismos adecuados de regulación, a ejemplo del servicio de abastecimiento de agua potable. Con la existencia en el país de otros prestadores para este servicio, además de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), la Ley de su creación se encuentra actualmente obsoleta. Por este motivo, es necesaria la intervención del Estado y contar con un marco regulatorio adecuado, el cual será posible con el surgimiento de una nueva Ley para el sector de agua potable y saneamiento y de un Organismo Regulador propio para este sector.