Instituciones privadas renuncian al Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica por COVID-19

Ayer, las cinco instituciones privadas de la junta directiva del “Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica” anunciaron su renuncia, el ente fue creado por la Asamblea Legislativa a fin de brindar control y recomendaciones a las transferencias monetarias de los programas provenientes de $2,000 millones de deuda autorizada al Gobierno por el COVID-19.

Las instituciones que anunciaron su renuncia son la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca), la Escuela Nacional de Economía y Negocios (ESEN), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

Las instituciones presentaron una carta dirigida al presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, anunciando «de manera irrevocable» su renuncia. Estos alegan falta de informes sobre la distribución del subsidio de $300 entregado el mes pasado y sobre las gestiones de los fondos, así como decisiones unilaterales por parte del Gobierno que le restaban competencia al Comité en la asignación de $2,000 millones.

En la carta se explica que si bien el decreto daba al Comité la atribución de aprobar el programa de transferencias monetarias, el programa “comenzó a implementarse antes de que el Comité entrara en funcionamiento, no teniendo este último alguna participación”. Eso también ocurrió, agregan, en la renovación y construcción de la red hospitalaria.

A ello se sumó que, luego de un acuerdo unánime del Comité para realizar ajustes legales a sus funciones, el Gobierno presentó «unilateralmente» una propuesta de reforma al decreto que definía nuevos destinos a los fondos autorizados.

El comité acordó que de los $2,000 millones en deuda que se obtuvieran, se asignara un 70% para atender la Emergencia del Covid-19 y un 30 % se destinara para el desarrollo de proyectos que serían ejecutados por los gobiernos municipales, no pudiendo exceder los $600 millones.

Sin embargo, explica la carta, el Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma diferente a la acordada con la que se pretendía asignar un destino específico a los fondos autorizados en el decreto originalmente aprobado.

De acuerdo al comité estos «inconvenientes» lo dejaban «sin razón de ser, pues le quita la competencia de la asignación de fondos, así como de definir los lineamientos y criterios para su uso».

“La información precisa, planes e instrumentos necesarios, nunca estuvieron a nuestro alcance para poder incidir en las decisiones tomadas por el Gobierno. Mucho menos se pudo realizar un seguimiento adecuado de auditorías para asegurar los beneficios esperados”, señalo Fusades a través de un comunicado.

Sobre la renuncia, Presidencia de la República emitió un comunicando asegurando que la renuncia se debía a que estos habían rechazado presentar una declaración patrimonial.

Al respecto, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), Federico Hernández, respondió: «Lamentable. Obvio que no vamos a responder a una acusación tan burda».