Informe de Cristosal señala preocupaciones sobre reformas penales

La organización de derechos humanos Cristosal ha publicado un informe sobre las diferentes reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa en el marco del regimen de excepción, el informe señala preocupaciones sobre las garantías procesales y los derechos de los ciudadanos.

Las reformas se han implementado en el contexto del Régimen de Excepción, que ha llevado a la suspensión de derechos constitucionales en el país. Cristosal señala más de 30 decretos legislativos que han modificado diferentes leyes, en su mayoría en el campo penal.

Entre las leyes afectadas por estas reformas se encuentran el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley contra el Crimen Organizado, la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, la Ley de Telecomunicaciones y otras.

El informe destaca que estas reformas han establecido un estándar diferenciado de garantías procesales para las personas procesadas en el marco del RE. Se ha aplicado lo que se conoce como el «Derecho penal del enemigo», que se centra en la persecución de personas por quiénes son en lugar de por los actos que cometen. Esta medida se ha implementado en un esfuerzo por combatir las pandillas y ha ampliado el ámbito de aplicación de las disposiciones que limitan las garantías procesales.

Una de las preocupaciones más destacadas es la creación de una jurisdicción especial con jueces ad hoc que juzgan a personas procesadas por el RE, incluyendo casos anteriores a la entrada en vigor de este régimen. Esto ha sido visto como una violación del principio del juez natural y ha llevado a una situación en la que los procesados enfrentan estándares procesales diferentes, incluyendo un modelo procesal más inquisitivo.

Las reformas también han relajado los requisitos para admitir ciertas pruebas, incluyendo confesiones bajo coacción y declaraciones de testigos de referencia. Esto ha generado preocupaciones sobre la igualdad procesal y la posibilidad de que las personas sean condenadas sin pruebas robustas.

Además, la detención provisional se ha vuelto indefinida bajo estas reformas, con la ampliación del plazo de instrucción. Esto ha llevado a una situación en la que las personas pueden permanecer detenidas por períodos prolongados, lo que contradice la presunción de inocencia.

El informe concluye que el Régimen de Excepción ha generado un estándar de garantías procesales diferenciadas y que las reformas penales han socavado la evolución del derecho penal en El Salvador. También sugiere que será necesario un proceso de justicia transicional para abordar estos problemas y resolver los casos de personas que han sido acusadas injustamente.